Emergencia para recuperar lo robado al país



El exgobernador de Aragua, Carlos Tablante, plantea la necesidad de buscar vías que permitan recuperar lo robado y alerta que las emergencias han servido a los corruptos

Hace unos días cuando el ministro de Petróleo y Minería, presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino hablaba de uno de los motores para superar la crisis económica se refería a la minería y a la explotación de oro, diamantes y coltán como una de las principales palancas para conseguir recursos rápidos. Debemos estar alertas para evitar que con esta nueva emergencia se profundice el saqueo minero que hace tiempo comenzó en Guayana.
La última vez que en el país se escuchó la expresión "ley de emergencia", se perdieron  60.000 millones de dólares del tesoro público en manos de las redes corruptas del sector eléctrico público y privado.
Así lo asevera Carlos Tablante, coautor de El Gran Saqueo y Estado Delincuente, extensas investigaciones sobre la acción de la delincuencia organizada en Venezuela.
Recuerda Tablante que la emergencia fue decretada por Hugo Chávez en 2010 para atender las necesidades del sistema eléctrico nacional, en crisis por la falta de mantenimiento e inversión de una década. Una veintena de empresas nacionales e internacionales recibieron contratos millonarios que hasta el día de hoy son secreto de Estado. Aduciendo supuestas  cláusulas de confidencialidad,  poco o nada se sabe de las condiciones de los mismos y del estado de la ejecución de las obras.
La declaratoria de emergencia permite saltar las regulaciones y controles corrientes de la administración pública, cuestión que en los últimos años se ha vuelto costumbre y ha enmascarado parte del gran saqueo cometido contra el tesoro nacional, advierte Tablante.
El asalto a las arcas públicas se produjo en todas las instituciones estatales, en unas más y en otras menos, pero ninguna se salvó.  La corrupción afectó al Poder Ejecutivo centralizado y descentralizado, así como a los otros cuatro poderes que en la práctica funcionan como uno solo controlado desde Miraflores por una casta cívico-militar .
El monto del asalto aún está por determinarse, sin embargo, economistas, especialistas y hasta ex funcionarios del gobierno actual ubican la cifra entre los 250.000 y 350.000 millones de dólares, como señala Tablante en El Gran Saqueo.
Son varios los factores que confluyeron para permitir semejante expolio, entre ellos el modelo de gobierno centralista, militarista, populista, cleptocrático (el gobierno de los ladrones), kakistocrático (el gobierno de los peores) y críptico (secreto) del denominado Socialismo del siglo XXI instaurado por Hugo Chávez, dueño de un estilo personal de gerencia improvisado, desordenado y mediático.
Para algunos economistas, el principio de la debacle financiera de Venezuela tiene fecha: 20 de julio de 2005, cuando se crea el Fonden que -sumado al control de cambio- es utilizado como plataforma de una suerte de capitalismo de casino, impuesto por la casta corrupta gobernante para jugar con los dineros del pueblo y utilizarlo en su propio beneficio.
Recuerda Tablante que Pdvsa comenzó a transferir sólo una parte de los dólares al BCV y un fragmento muy importante al Fonden, que funciona sin presupuesto aprobado por el Parlamento y que tiene la misión de financiar proyectos que diversifiquen la economía y disminuyan la dependencia del petróleo.
La balanza de pagos indica que al BCV sólo ingresó el 44% de las divisas por exportaciones petroleras entre 2004-2014. El restante 56% parece haber entrado a un oscuro barril sin fondo.
Fonden se convirtió rápidamente en la caja chica del gobierno de Chávez. De allí salió el nefasto “millardito”, otro hito en la trágica historia de las finanzas públicas venezolanas.
Hasta 2013 el gobierno desvió al Fonden 110 mil millones de dólares. Está por determinar cuánto de este dinero se empleó en lo planificado, cuánto se perdió por incapacidad y cuanto por la corrupción, manifiesta el coautor de El Gran Saqueo
Son emblemáticos los casos de corrupción que la opinión pública ha podido conocer de forma parcial dado el secretismo oficial.  
Destacan los relacionados con Pdvsa - evidenciados gracias al caso de Banca Privada de Andorra- como la emergencia eléctrica; la estafa con los fondos de pensiones por los cuales cumple trece años de prisión en EEUU el ex asesor de la petrolera Francisco Illaramendi;  fraudes con los seguros como la tragedia de Amuay  donde no está claro si las reaseguradoras finalmente pagaron a Pdvsa los casi 2.000 millones de dólares de pérdida y el caso de Omar Farías que concentra a través de Seguros Constitución las pólizas de más de 400 instituciones públicas, entre otras irregularidades.
Pero sin duda, la corrupción más dolorosa para los venezolanos es la relacionada con la importación de alimentos y medicinas.
Solo por el caso Pdval se pudrieron casi 120.000 toneladas de alimentos. La escasez de medicinas se debe en gran parte a la corrupción reinante, sostiene Tablante.  La propia Contraloría General señala que los medicamentos que se compraron a Cuba - por poner un solo ejemplo de cientos - con un lapso de expiración muy cercano a la fecha de importación, como los alimentos- fueron pagados por adelantado y el incremento en los precios de un año a otro, por el mismo medicamento, llegó a ser de un 9.000%. Por cierto, Cuba también fungió de intermediaria en millonarios negociados con alimentos y en el sector eléctrico y de tecnología.
En el tema de salud, el país padeció a catorce ministros en quince años y aun no se sabe en qué terminó el caso, por ejemplo, de la ex ministro Eugenia Sader  quien fue denunciada formalmente ante el Ministerio Público por malversación de recursos en más de 60 obras civiles de acondicionamiento y construcción de hospitales.
En desarrollo social, luego de una inversión de por lo menos 7.900 millones de dólares en la creación del denominado Estado comunal, la Contraloría admite que el 93% de los recursos otorgados a los grupos comunitarios se concedió de manera irregular. Ahora los pobres son más pobres, subraya Tablante
La inversión total entre 2001 y 2014 en programas sociales diversos,  misiones y estado comunal asciende a 233.993 millones de dólares, incluyendo Fonden, solo en aportes provenientes de Pdvsa.  La gestión de esta gran cantidad de dinero es otro punto oscuro de la administración chavista.
La investigación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sobre pobreza de 2014 revela que a pesar de la gran inversión realizada en los últimos doce años, tanto en misiones como en el Estado Comunal, la pobreza de ingreso tiene casi el mismo nivel de los peores momentos de ajuste económico (1989-1996) o de conmoción social (1992-2002) vividos por Venezuela. Sostiene el informe que durante la gestión de Nicolás Maduro correspondiente a 2013 y 2014, se retrocedió lo que se había mejorado gracias al boom petrolero de 2004-2008.
Sin duda, el mayor caudal de irregularidades se produjo alrededor del sistema cambiario impuesto por el control de la moneda desde 2003, sostiene Tablante.  El saqueo cambiario tuvo dos escenarios principales, el de las importaciones fraudulentas en su mayoría realizadas con empresas de maletín a través de Cadivi, Sitme, Sicad y Cencoex y el de las transacciones ilegales con bonos de la República a través de la Oficina Nacional del Tesoro, Pdvsa, Bandes, Banfoandes y otras instituciones financieras públicas y privadas, cómplices de la trama.
Entre Cadivi y Cencoex se liquidaron en once años (2003-2014) más de 230 mil millones de dólares destinados a la importación de bienes y servicios, tanto de empresas públicas como privadas. Expertos consultados estiman el monto de lo defraudado en un 60% a través de sobrefacturación, empresas de maletín e importaciones que no llegaron. El saqueo cambiario, sólo por este concepto, se aproxima entonces a los 140 mil millones de dólares. A esto se suman los 25 mil millones de dólares defraudados por la vía del Sitme denunciados por Jorge Giordani y Edmee Betancourt. En cuanto a la tesorería nacional y los oscuros negociados en contra de los intereses del país allí realizados, se calcula que solo entre el ex tesorero teniente Alejandro Andrade y su sucesora y subordinada la sargento Claudia Díaz Guillén, manejaron más de 7.000 millones de dólares en bonos a espaldas de los mejores intereses de la nación.
Si bien la corrupción es un problema crónico en Venezuela, nunca se habían manejado cifras de esta magnitud. Los responsables son los integrantes de los clanes que se conformaron principalmente dentro de Pdvsa (las redes de Rafael Ramírez) y en las FAN y sus ramificaciones en las instituciones financieras públicas (las redes del capitán Cabello), detalladas en el libro El Gran Saqueo.
Es hora de empezar a sacar las  cuentas de la corrupción para recuperar el dinero robado a la nación, como planteamos en las propuestas del libro El Gran Saqueo.

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