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Sidor: Improductiva y ahora patio de choque de grupos armados

Sidor produjo en 2015 apenas un millón de toneladas de acero, apenas un 23 por ciento de su capacidad comprobada en 2007, antes de la nacionalización


Sidor produjo en 2015 apenas un millón de toneladas de acero, apenas un 23 por ciento de su capacidad comprobada en 2007, antes de la nacionalizaciónFoto Correo del Caroní / Archivo
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Exhortos a detener la violencia
3 de diciembre de 2014. Coalición Siderúrgica propone erradicar todo tipo de violencia de Sidor.
19 de marzo de 2015. El presidente de Sutiss y cinco corrientes sindicales expresaron preocupación por el rebrote de la violencia en la estatal, luego de una trifulca y persecución a trabajadores.
19 de marzo de 2015. El secretario de organización de Sutiss, José Meléndez, llamó a cesar el clima de violencia dentro de Sidor y a reducir las agresiones verbales.
17 de diciembre de 2015. El diputado electo por el estado Bolívar, Francisco Sucre, y su equipo fueron agredidos el miércoles cuando intentaron hacer una asamblea en el portón III de Sidor.
30 de marzo de 2016. La asamblea de trabajadores del miércoles, a las 6:00 de la mañana, terminó cuando un grupo de hombres irrumpió, portando armas de fuego, para impedir que la dirigencia hablara en la tarima a 22 días de la protesta por un ajuste salarial.
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Nadie del Gobierno respondió en 2014 sobre las razones por las cuales Jorman Pedro Márquez Rodríguez, conocido como Gordo Bayón, estaba en la nómina de Sidor desde mayo de 2012. 
Pese a que tenía una orden de aprehensión por el triple homicidio ocurrido el 29 de febrero de ese año en Vista Alegre (San Félix), Bayón no solo paseaba por las áreas de la siderúrgica sino que también mediaba en la discusión del contrato colectivo de los sidoristas en Miraflores.
¿Quién autorizó su incorporación a nómina? ¿Por qué estaba en Miraflores? ¿Qué oficio ejecutaba en Sidor?
Dos años después, los trabajadores de la estatal reiteran sus denuncias: hay hombres armados dentro de la planta, intimidan al personal, algunos dirigentes sindicales se hacen acompañar de ellos, se han incrementado los robos en planta, y tienen entrada libre a la acería que, al cabo de ocho años de la nacionalización, prácticamente está apagada.
En paralelo, la violencia en el portón III de Sidor nuevamente ha tocado pico esta semana. Cuando algún trabajador reclama es golpeado o amenazado. Cuando un dirigente intenta manifestar una posición contraria a la empresa, un presunto trabajador deja mostrar su arma.
Fue en 2011 cuando las discusiones en el portón III de Sidor comenzaron a subir de tono. Después de la nacionalización, el Gobierno facilitó el ingreso de miles de trabajadores sin ningún tipo de control, al tiempo que se debilitaban los mecanismos institucionales para la resolución de conflictos.
La tribuna sidorista, histórico escenario de debates y escuela del sindicalismo venezolano, se hizo noticia no por las decisiones que allí se tomaban, sino por la escalada de violencia con personal armado dentro de las instalaciones.
Las intimidaciones tocaron su nivel más alto en septiembre de 2014, cuando un mes después de la atropellada e impuesta firma del contrato colectivo en Sidor, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo a tres empleados del equipo del presidente del sindicato Sutiss que participaban activamente de las protestas.
Los detuvieron durante ocho meses y hoy tienen libertad condicional con régimen de presentación. Aquella detención aplacó cualquier viso de protesta sirviendo como castigo ejemplarizante. Desde entonces hasta este 8 de marzo, los trabajadores eran protagonistas de una paz laboral impuesta.
La respuesta a la protesta por un ajuste salarial ha sido nuevamente la persecución. Solo entre las últimas tres semanas, tres sidoristas han sido golpeados; entre ellos, el dirigente del Movimiento Revolucionario Orinoco, Mario Valor. “No queremos que Sidor se convierta en una segunda Tumeremo”, dijo el pasado 30 de marzo el secretario de reclamo de Sutiss, Leonardo Azócar, al advertirle al presidente Nicolás Maduro de las consecuencias del descontrol en planta y a pocos días de la masacre en el municipio Sifontes.
Amplio prontuario
No se trata de un método nuevo. En 2011 cuando las protestas laborales se intensificaron por la discusión de los contratos colectivos con hasta cinco y seis años en mora, el Gobierno utilizó a los llamados garantes de paz para aplacar los conflictos.
Fue así como hombres armados llegaban a los portones para intimidar, disuadir las manifestaciones e infringir respeto acompañando a los presidentes de  Bauxilum y Venalum, José China y Rada Gamluch, respectivamente. Hasta 2014, la existencia de esas figuras dentro de las empresas se asumía como una especie de rumor pero el asesinato de Yorman Márquez a la salida de Miraflores despejó las dudas.
Los ‘garantes de paz’ tienen entrada directa a las áreas industriales, no responden a los organismos de seguridad patrimonial y controlan la mano de obra con intimidación a sus adversarios.
De la violencia, sin embargo, se han desvinculado todos los dirigentes, incluyendo el líder de Alianza Sindical, José Meléndez, uno de los señalados por los trabajadores de Sidor de apadrinar a estos grupos.
“Yo no puedo permitir la violencia (…) El movimiento sidorista es crítico, guerrero y rechaza la violencia. Hay que desmontar el discurso agresivo desde el portón. Que yo piense diferente a una persona no conlleva a que nos veamos como enemigos y nos hagamos daño. Eso no puede ser”, dijo el 28 de octubre de 2013 en una entrevista a Correo del Caroní.
El 19 de marzo de 2015 Meléndez también negó que el portón III de Sidor se haya convertido en una batalla campal y pidió el cese de las agresiones en la estatal
Otras corrientes como la Coalición Siderúrgica, Unidad Matancera, Militante Siderúrgico, Tendencia Clasista, Despertar Sidorista, Frente Laboral Independiente, entre otras, han pedido públicamente al Gobierno que tome acciones desde 2012, sin tener hasta ahora ningún resultado.
Discurso militarista
Al contrario, el Ejecutivo ha promocionado símbolos violentos dentro de las empresas básicas afincando su proyecto militarista con las llamadas milicias obreras y estimulado la impunidad.
El evento más reciente ocurrió el 15 de marzo de 2015, cuando una decena de trabajadores fueron llamados a formarse como milicianos en los patios de concentración de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco, luego de que Estados Unidos sancionara a siete militares venezolanos.
En la transmisión en vivo del canal VTV, el presidente de la CVG, Justo Noguera y el titular de la Corporación del Hierro, Jesús Zambrano, aparecieron junto a connotados dirigentes de la Central Bolivariana de Trabajadores (Ángel Marcano, José Gil, Pedro Perales, entre otros), vestidos de milicianos y posando para las cámaras, con fusiles en mano en un ensayo de supuesta defensa de la patria.
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Cinco meses después, a pocos metros de los patios de concentración, delincuentes mataron a un trabajador de Ferrominera dentro de la planta. Cinco años después, el caso del trabajador Renny Rojas, asesinado en 2011 en el portón de la empresa, sigue impune y el caso envuelto en un velo político que ha sembrado dudas sobre la independencia de la investigación.
Grupos parapoliciales
El uso de grupos parapoliciales por parte de los gobiernos para controlar al movimiento sindical no es nuevo.
“En todo el mundo, especialmente donde no se respetan sus derechos, a menudo los sindicalistas son objeto de violencia. Parece estar propagándose la antigua práctica de algunos gobiernos y empleadores de contratar a personas para intimidar y agredir a militantes sindicales; con ello esperan eludir la responsabilidad por los actos de violencia”, contextualiza una publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulada Violencia en el trabajo (2003).
Los estándares internacionales recomendados por la OIT apuntan a que todas las medidas instauradas para prevenir la violencia en el trabajo se deben acordar entre los empleadores y los representantes de los trabajadores, además de ser respaldadas por instrumentos legales nacionales e inspecciones del trabajo.
“Si no se dan respuestas efectivas y enérgicas al reto que supone eliminar la violencia en los lugares de trabajo, la misma continuará formando parte del entorno laboral de las futuras generaciones de trabajadores”, señala el documento.
¿La consecuencia? Mayor ausentismo, menor productividad, deterioro de las relaciones laborales y dificultades para contratar nuevo personal.
“Además del grave problema moral, todos pagamos los efectos de la violencia en el trabajo”, pues, entre otros factores, “hace también que aumente el grado de miedo y de ansiedad de la sociedad”.
A todas las partes -empleadores, empleados y quienes toman las decisiones políticas-, sugiere el documento de la OIT, les conviene -en teoría- crear entornos laborales exentos de violencia.
Miliciano
Ángel Marcano, José Gil y Pedro Perales, dirigentes de la Central Bolivariana, en un acto de formación de milicias obreras / Foto cortesía

Bono de alimentación y medicina para los abuelos equivale a 11.859 bolívares al mes

La Ley evita la duplicidad del pago del bono, en caso de que el beneficiario reciba más de una pensión o jubilación

La Ley evita la duplicidad del pago del bono, en caso de que el beneficiario reciba más de una pensión o jubilaciónArchivo
“Quienes sean beneficiarios de dos o más pensiones o jubilaciones recibirán el bono al que se refiere esta Ley de parte de un solo ente, evitando así la duplicidad del pago”.
La Asamblea Nacional sancionó este miércoles el Proyecto de Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, propuesto por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y mejor conocido como la Ley del “Bonoabuelo”.
Pese a que la Ley fue aprobada en primera discusión por unanimidad, la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico salvó su voto en esta segunda discusión, pues según explicó el diputado Víctor Clark carecía de un estudio de impacto económico que midiera la factibilidad y el origen de los recursos para pagar el beneficio.
El objeto de la Ley es complementar, a través de un bono, el ingreso mensual de los pensionados y jubilados del sector público y privado, con el fin de proteger su derecho a la alimentación y a la adquisición de medicinas, indica el artículo 1 de la Ley.
Los beneficiarios de este bono serán aquellas personas que reciben una pensión otorgada por la Ley del Seguro Social a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o por algún ente público, establece el artículo 2, que añade que esto incluye, entre otros, pensión por vejez, pensión por invalidez, pensión por incapacidad parcial, pensión de sobreviviente y pensión por discapacidad.
También serán beneficiarias todas aquellas personas de edad mayor o igual a 55 años si es mujer, y de edad mayor igual a 60 años si es varón, que reciben una jubilación por parte de un ente público o privado.
El monto del bono, precisa el artículo 3, será equivalente a 67 Unidades Tributarias, fijada en la actualidad en Bs. 177, por lo que ascendería a Bs. 11.859. El artículo 4 establece que se hará efectivo en la misma oportunidad en la que se pague la pensión o jubilación.
El monto se sumaría a la pensión del Seguro Social equivalente al salario mínimo de Bs. 11.577,81, o a la jubilación que reciba el beneficiario por parte de algún ente público o privado.
“El ente pagador podrá otorgar el bono en efectivo, o a través de la entrega de cupones, tickets o tarjetas electrónicas, emitidos por empresas especializadas en la administración y gestión de beneficios sociales, que usarán los beneficiarios para la adquisición de alimentos y productos médico-quirúrgicos y farmacéuticos en establecimientos que hayan celebrado convenio directamente con las mencionadas empresas especializadas”, indica el artículo 5.
En el articulado se evita la duplicidad de pago, en caso de que el beneficiario reciba varias pensiones, al establecer que “quienes sean beneficiarios de dos o más pensiones o jubilaciones recibirán el bono al que se refiere esta Ley de parte de un solo ente, evitando así la duplicidad del pago”, recayendo el pago del bono en la mayor parte de los casos previstos en el sector público.
El diputado Miguel Pizarro (Unidad-Miranda), consideró tras la negativa del bloque oficialista que si hay dinero para la compra de armas y otros gastos excesivos, también debe haber recursos económicos para pagar el Bono para Alimentos y Medicinas a pensionados y jubilados venezolanos.
“Este Parlamento fue designado para buscarle soluciones a los miles de problemas que tenemos y para construir el futuro que todos hemos soñado y queremos y para sanear las diferencia que tenemos”, comentó, según reseña de la Asamblea Nacional.
El diputado por la MUD, Julio Borges, sostuvo este jueves -durante una entrevista radial por el Circuito Éxitos- que para que aproximadamente tres millones de venezolanos se vean beneficiados por la Ley de Bonos faltaría la aprobación del presidente Nicolás Maduro. “De esta manera los jubilados y pensionados podrán cobrarlo junto a su pensión”.
Negó que el país no cuente con los recursos necesarios para cubrir el bono. “En el país hay dinero, siempre va a haber mientras haya una manera distinta de usar el dinero, mientras se administre de manera correcta (…) El monto para cubrir esta ley equivale a 20 días al año de nuestro ingreso petrolero”, acotó el jefe de la fracción parlamentaria de la MUD
Aún insuficiente
Si bien el bono se convierte en un aporte para los jubilados y pensionados en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo, sigue siendo deficiente para cubrir la canasta alimentaria familiar que se ubicó en febrero en Bs. 121.975,47, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM).
A este monto debe sumarse el gasto mensual en medicamentos, escasos en los últimos meses en su mayoría


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