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Velásquez: Magistrados del TSJ violan la Constitución y golpean a la democracia


 “Son absolutamente inconstitucionales las decisiones por encargo que saca el TSJ, por órdenes del Ejecutivo”

“Son absolutamente inconstitucionales las decisiones por encargo que saca el TSJ, por órdenes del Ejecutivo”Foto Prensa La Causa R
El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, fustigó las recientes decisiones tomadas por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Constitución y las leyes venezolanas, refiriéndose a sentencias que restringen competencias a la Asamblea Nacional y a un reciente fallo que autoriza la solicitud de préstamos a nombre del Estado, sin la correspondiente autorización del Parlamento.
ComillasNEGRASgrandesLa Asamblea está facultada, de acuerdo con el tutelaje de sus propios actos, a revisar sus propias decisiones cuando estas carezcan de la formalidad y constitucionalidad necesarias”.




El ex diputado aseguró que las sentencias e interpretaciones de la Sala Constitucional profundizan aún más los problemas generados por la falta de separación de poderes, lo que genera conflictos institucionales entre una Asamblea Nacional que procura el respeto a las leyes y poderes que le dan la espalda a legalidad.
“Son absolutamente inconstitucionales las decisiones por encargo que saca el TSJ, por órdenes del Ejecutivo nacional. Esta decisión contraviene jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, con lo cual se sigue demostrando que las actuaciones de esta sala no se ajustan ni al espíritu ni a los principios de nuestra Carta Magna”, manifestó.
Dos casos
Velásquez rechazó la pretensión de anular una decisión de la Asamblea Nacional, que deja sin efecto por vicios de inconstitucionalidad la designación de magistrados del TSJ, realizada extemporánea e irregularmente el pasado 23 diciembre.
“La Asamblea está facultada, de acuerdo con el tutelaje de sus propios actos, a revisar sus propias decisiones cuando estas carezcan de la formalidad y constitucionalidad necesarias. Los magistrados del TSJ violan la Constitución y golpean a la democracia cuando impiden que el Parlamento cumpla con sus atribuciones”, advirtió.
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El también precandidato a la Gobernación de Bolívar señaló que es obligación del Parlamento subsanar las fallas mediante el nombramiento de un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales, y correspondiente designación de nuevos magistrados que cumplan con todos los requisitos y formalidades exigidas por la Constitución y las leyes venezolanas, incluida la propia Ley Del Tribunal Supremo de Justicia.
“En segundo lugar, rechazamos la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que autoriza al Banco Central de Venezuela a endeudarse. Esta decisión contraviene jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, que en sentencia número 2.241, del 24 de septiembre del año 2002, con ponencia del magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, establece que no se podrán realizar operaciones de crédito público sin la debida autorización de la Asamblea Nacional”.
Velásquez explicó que mientras era diputado, en el periodo 2000-2005, introdujo una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 80 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, acción que inició junto a los también parlamentarios Elías Mata y Enrique Márquez. En este caso, la ley permitía la suscripción de préstamos sin que mediara la aprobación del Parlamento, lo que luego fue corregido.
“Esto fue el 25 de octubre del año 2000,  y la demanda fue declarada con lugar con sentencia favorable en septiembre del 2002. De manera que estos magistrados que hoy complacen a Nicolás Maduro, con sus inconstitucionales sentencias, siguen dejando en evidencia que la justicia en Venezuela está manipulada políticamente. Que se sacan sentencias por encargo y que estas actuaciones no contribuyen en nada a normalizar la vida institucional del país, por el contrario agudiza mucho más el deterioro institucional que vive la patria”, sentenció.

Defensor del Pueblo: “Las OLP carecen de protocolo institucionalizado y ello opaca su radio de acción”

Una de las primeras actuaciones -y más cuestionables- de la OLP fue en la Cota 905, en Caracas, hace un año
Una de las primeras actuaciones -y más cuestionables- de la OLP fue en la Cota 905, en Caracas, hace un año
En entrevista a Correo del Caroní sobre la OLP, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoce que hay una dualidad sobre estos operativos: la necesidad de erradicar la violencia y la violación de derechos humanos en algunas de las incursiones. “Las incursiones solo han servido para robarnos, maltratarnos y dejarnos sin empleo”, comenta un minero.
ElCASO

Paso abierto 
a mercenarios
Rocío San Miguel, presidenta de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, comentó que el balance de la OLP a un año de su puesta en rigor, “está a la vista de los ciudadanos: ha sido un fracaso. La OLP ha tomado vertientes peligrosas”.
“Hay denuncias de abusos en las operaciones, hurtos, robos, ejecuciones extrajudiciales. Y la aparición de los mercenarios en Venezuela de la mano de la OLP. Lo interesante sería saber qué beneficios están recibiendo para confirmar por completo ese papel, si acceden al motín”, comentó la especialista en temas militares y de seguridad.
Agosto, 2015. No fue el presidente Nicolás Maduro, ni el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López: fue Diosdado Cabello, el entonces presidente de la Asamblea Nacional. Desde Ciudad Bolívar, el hombre fuerte del PSUV anunció en su programa de televisión Con el Mazo Dando: “Me han instruido para la liberación del estado Bolívar, de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.
Desde el anuncio han ocurrido -que se sepa- nueve incursiones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en las zonas mineras del estado Bolívar. La más reciente, en la mina Tierra Linda, en el Cerro El Cumi, en Upata, cuyo saldo oficial fue de dos abatidos.
“Las incursiones solo han servido para robarnos, maltratarnos y dejarnos sin empleo. En varias minas de Tumeremo vimos eso, luego la GNB y el Ejército se quedaron en el lugar y muchas veces nos tocó pagarles para poder trabajar”, comenta un minero del yacimiento Hoja de Lata II, en el municipio Sifontes.
El diputado por el estado Bolívar, en la Asamblea Nacional (AN), Américo De Grazia, recuerda que este nivel de violencia no es reciente. También resalta que tanto la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y el fiscal regional, Israel Pérez, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el defensor regional, Orlando Alcalá, están al tanto.
“No estamos hablando de secretos”, dice el asambleísta. “La OLP mata como lo hacía la banda de el Topo, es, sin vacilar, su gran conclusión. Este grupo parapolicial es -oficialmente- señalado como el responsable material de la masacre de Tumeremo.
“Yo lo que quiero es que este problema criminal se aclare. Yo soy guayanés y eso es algo que me afecta a mí y a mi entorno. La idea es que coloquemos un granito de arena para que esto mejore, y ponerle así el cascabel al gato”, reiteró De Grazia.
Respuestas a medias
Por las protestas en la Troncal 10, en la vía a El Palmar, precisamente por un operativo de la OLP en una zona minera, el equipo reporteril de Correo del Caroní ha intentado comunicarse con representantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) sin obtener respuesta oficial o detalles de las incursiones.
Un funcionario de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana explicó que el único autorizado para hablar del tema es: el general de brigada Jesús María Mantilla Oliveros (ZODI), pero para contactarlo se debía pasar por un proceso administrativo y protocolar, y luego esperar que este confirmara si deseaba conversar.
ComillasNEGRASgrandesLas incursiones de la OLP solo han servido para robarnos, maltratarnos y dejarnos sin empleo”, subraya un minero del estado Bolívar.




También se intentó contactar al general de brigada Juvenal Villegas Torres (ZODI) y con el Comando de Zona número 62 de la GNB, pero han optado también por el silencio.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Bolívar, Orlando Alcalá, sostuvo que la única denuncia que han recibido es por daños ambientales en la zona sur donde operan las minas. El fiscal superior del estado Bolívar, Israel Pérez, aseguró que actualmente tienen una denuncia en su despacho sobre un enfrentamiento, mas no especificó la zona ni otros detalles del reporte.
Más irregularidades de la OLP
Emilitxa Herrera fue la encargada de denunciar ante los medios de comunicación y el resto de los organismos la muerte de su hermano, Emilio Herrera. El joven, de 22 años, era un funcionario de la Guardia Nacional; fue abatido por el Cicpc el 8 de septiembre del 2015 en San Félix durante un operativo de la OLP.
10 meses después de su pérdida, está resignada: “El caso sigue en veremos, porque no nos han dado respuesta de ningún tipo”. “¿Cómo se hace?... Sí, así están las cosas. Aún tenemos muchas interrogantes y seguimos sin respuestas”. La versión oficial es que el hermano de la joven estaba involucrado en dos homicidios y tenían tiempo tras su pista.
Un breviario numérico de la OLP en Ciudad Guayana en 14 operativos durante 2015: siete en San Félix y siete en Puerto Ordaz; 10 acciones comando del Cicpc; tres por la GNB; y uno por la División de Inteligencia y Estrategia de la Policía del estado Bolívar (Diepeb); 25 apresados; 24 fallecidos.
Denuncias en el resto del país
En otros estados la situación no es distinta. Caracas es donde más operativos y denuncias se han realizado por la actuación de los efectivos.
Un funcionario del Cicpc Caracas afirmó que la OLP ha sido un plan bueno: “Hay quienes por razones políticas lo han satanizado. También hay funcionarios que han excedido sus funciones. Hay muchas personas que vivían en zonas populares (barrios) que fueron desplazados por el hampa, por ser considerados informantes de los organismos de seguridad o por tener familiares en la Policía”.
En entrevista a Correo del Caroní, el defensor del Pueblo aseguró que “por denuncias recibidas se infieren contradicciones y no hay consenso sobre la eficacia de la actuación de las OLP. Por un lado está el clamor de la sociedad por el combate contundente al hampa y por otro los resultados sin concretar estructuralmente en la erradicación del mismo. Hemos cuestionado que se hacen allanamientos sin orden judicial de forma masiva y privan de libertad arbitrariamente, ello afecta a comunidades de manera indiscriminada”.
- ¿Cuántas denuncian han recibido por el presunto abuso por parte de los funcionarios?
- En la Defensoría se recibieron pocas denuncias sobre la actuación de las OLP. Percibimos que las comunidades como tal pudieran tener temor de hacerlo. Nosotros recibimos hasta la fecha aproximadamente unos 80 casos.
- ¿Se han realizado las investigaciones?
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- En nuestro criterio investigativo es que las OLP no tienen un protocolo institucionalizado de actuación. El carecer de dicho protocolo hace opaco el radio de acción de dichas OLP.
- ¿Cree que la OLP sea la solución para disminuir los índices de inseguridad?
- Bajar los índices delictivos no puede estar dependiendo de los resultados de las OLP, en razón a que el tema de la delincuencia está relacionado a circunstancias estructurales de orden económico, social y cultural cuya transformación pasa por largos procesos de maduración de la sociedad y de la propia comunidad en general.
La OLP ya tiene un año de vigencia: ¿viola los derechos humanos?
- Finalmente en la ejecución de la OLP lamentablemente hay funcionarios que abusan del poder y autoridad. Ello es una lamentable tradición latinoamericana que no hemos erradicado aún y es una deuda de nuestras democracias.
Por ejemplo: Han hecho desalojos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales. Esos excesos son violatorios DD HH que hemos condenado públicamente. La Defensoría del Pueblo ha atendido y hecho seguimiento a varias denuncias de OLP. Incluso las remitimos al Ministerio Público y al Ministerio de la Vivienda.



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