Militares y policías matan a una
persona cada hora y media…
■ OLP con rigor letal: “Si hay que matar, se mata”.
■ La ONG Centro de Investigación de Crimen Organizado publicó un informe en el que señala la violencia de las fuerzas chavistas contra la población. La inseguridad es uno de los problemas que más aqueja a Venezuela.
Caracas.- Un informe de la ONG Centro de Investigación de Crimen Organizado alerta que el régimen de Venezuela alentó un enfoque de “mano dura” en materia de seguridad ciudadana. Afirma que, según organizaciones no gubernamentales, las operaciones llamadas “Liberación del Pueblo” han arrojado más de 800 muertes en 2016.
Las cifras del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) conocidas extraoficialmente reflejan un acentuado incremento en las muertes por supuestos enfrentamientos con efectivos policiales o militares, conocidas en términos técnicos como “resistencia a la autoridad”. Durante los primeros nueve meses de 2016, fueron reportadas 4.156 personas fallecidas en estas condiciones.
La ONG subraya que en Venezuela -este año- los cuerpos de seguridad han abatido a 15 personas en promedio diario, o una persona cada hora y media.
Muertes en cualquier momento del día:
Las muertes se suceden en cualquier horario del día. Sin embargo, una importante fracción de estos fallecimientos ocurre durante las primeras tres horas de la jornada, cuando usualmente disminuye la actividad policial.
Esto sugiere que los agentes también aprovechan las horas de la madrugada para llevar a cabo ciertas operaciones con actividad violenta. Las más conocidas son denominadas Liberación del Pueblo (OLP). Comenzaron en julio de 2005 en los sectores de Cementerio y Cota 905 de Caracas. Desde entonces hasta el 31 de octubre han ocasionado la muerte de 805 personas, según el vocero de la ONG Provea. De ellas 560 han ocurrido este año.
Las estadísticas señalan que la mayoría de las muertes por enfrentamientos con policías ocurre en vías públicas, carreteras y parques (48,7 por ciento), y otra porción importante en barrios periféricos y caseríos rurales (36,4 por ciento).
Policías contra hampones:
Una de las razones que explicaría la agudización de la violencia policial sería el incremento en el número de bandas criminales así como el poder de fuego de tales grupos.
“Este exceso de bandas no lo conocíamos, y lamentablemente hay que decir que en esas bandas también hay policías”, dijo Donnagee Sandoval, directora de la fundación Fundepro, que asiste a funcionarios en apuros.
La cifra de agentes, militares y escoltas muertos en Venezuela hasta octubre (342) sugiere que este año se llegará a un récord.
OLP con rigor letal:
Las órdenes eran simples. “Si hay que disparar, se dispara; si hay que matar, se mata”, reveló un funcionario de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana que participó en los operativos de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
“Antes de entrar al barrio nos reunimos afuera, todo sospechoso se para a la derecha, lo revisamos”, dijo el funcionario. También destacó que si los delincuentes abrían fuego contra los oficiales, ellos responderían de la misma manera sin dudarlo ni un segundo. Es la norma. Si debían darle de baja, también lo harían.
Los allanamientos sin orden judicial y las ejecuciones extrajudiciales son dos de las denuncias que desenmascaran violaciones de las garantías universales, perpetradas durante las acciones de la OLP.
Sobre las inspecciones irregulares, el funcionario de la PNB, que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, señaló que cuando un antisocial es visto cometiendo un delito “la policía tiene toda la autoridad de ingresar al espacio donde ocurre el delito sin necesidad de una orden de cateo”. “Entrar porque si, no se puede”, advirtió.
Aseguró que es complejo que un funcionario de su núcleo dé de baja. “Automáticamente, si alguien hace esto durante un procedimiento se mete en problemas. Para que un efectivo mate a alguien debe cumplirse la ley de proporcionalidad: si el delincuente dispara, el funcionario dispara. Así sea mala conducta, así sea la peor persona de este país, no se debe disparar antes de un ataque”, indicó.
Otras fuerzas de seguridad encaran a la ciudadanía:
De acuerdo con el funcionario, “los militares se ocupan de la defensa de la nación y la Ley del Estatuto Militar les permite ejercer cargos de defensa ciudadana, en el sentido de patrullaje de barrios”. Sin embargo, su entrenamiento no es el mismo que recibe un policía, por lo que son vulnerados los derechos de los vecinos de las zonas cuando se realizan redadas.
“Siempre, entre policías y militares, ha existido ese roce. Ellos quieren cumplir funciones netamente policiales”, manifestó.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aseguró que la participación de las fuerzas militares en los procedimientos de la OLP son una violación a la Constitución, que estable que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.
Sin rigor legal:
La noche del 10 de junio de 2016, un operativo de la OLP causó terror en el barrio Agricultura de Petare Norte, en Caracas.
Luego de un día en el que se registraron saqueos en diversos comercios de La Urbina y Palo Verde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron diversas casas y apuntaron con armas largas a sus residentes.
Una de las afectadas relató que alrededor de las 9:00 pm los uniformados ingresaron a su casa y arrodillaron a su familia. “Pensé que nos iban a matar allí mismo”, confesó.
Luego de recorrer el sitio, fotografiar sus documentos de identidad e interrogarlos sobre datos personales, tomaron de rehén a la mujer para entrar en otras casas.
Las familias víctimas del episodio aún temen. Existen otras personas que sufren violaciones generalizadas de sus garantías como ciudadanos durante otros operativos.
La militarización de las políticas de seguridad ciudadana y la ausencia de mecanismos internos y externos de control a la actuación de las policías y militares figuran como las principales causas que impulsan la violación de derechos en la Operación y Liberación del Pueblo.
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