¿Quién salvará a Venezuela?


TENSIONES ENTRE ALMAGRO Y MADURO, EN SU PEOR MOMENTO

La Unasur y la OEA han fracasado como mediadores, mientras la escasez de alimentos se agudiza. Apartar al país no sólo es una misión difícil (habría que convencer a sus socios petroleros), sino también un arma de doble filo.

Desde la muerte del presidente Chávez, Nicolás Maduro ha sido un equilibrista que intenta sostenerse en los débiles hilos del poder por medio del autoritarismo y la cooptación del Estado. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, advierte de la posibilidad de suspender a Venezuela de ese organismo debido a la ausencia de un diálogo constructivo.

Desde el 14 de abril de 2013, la victoria ajustada de Maduro en las elecciones presidenciales, con una diferencia del 1,7 % de los votos, puso sobre la mesa la fragilidad de una sucesión inesperada y de un modelo que a la larga reafirmó la clásica frase “el Estado soy yo”. En una Venezuela asimétrica y con una fuerte ausencia del Estado, la Revolución bolivariana transformó a su líder en una figura mesiánica y poco a poco Hugo Chávez se fue convirtiendo en un héroe para las clases vulnerables y un villano para los detentadores del poder y la riqueza.

Con el tiempo se abrió una fisura irreparable en la Venezuela de Chávez y en la de Maduro: se incrementó la brecha entre dos proyectos antagónicos, Venezuela se dividió y se polarizó en su territorio y en todas las partes del mundo en donde haya chavistas y no chavistas, ambos representantes legítimos de una Venezuela que no logra encontrar la ruta para que quepan todos.

La semana pasada, Almagro publicó su segundo informe sobre la situación de Venezuela, un documento de 75 páginas por medio del cual exhorta a los 33 países signatarios de la OEA a tomar las riendas acerca del complejo contexto doméstico de este país, marcado por la agudización de la crisis humanitaria, social, económica, financiera y política.

En el informe, el secretario enfatizó la necesidad de tener elecciones “justas y libres” y recordó que el gobierno venezolano “suspendió el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro en octubre pasado, así como las elecciones para gobernadores estatales, lo que significó una clara violación a la Constitución”. Asimismo subrayó que la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015, pero “la Corte Suprema de Justicia, controlada por el poder Ejecutivo, despojó al Parlamento de sus poderes”. Agregó que en Venezuela “ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos. El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos”. El documento llama la atención en cuanto a la existencia de una corrupción generalizada, una economía en “caída libre”, la escasez de comida, la precariedad de los servicios de salud y la carencia de remedios.

Si bien este escenario ya había sido difundido de manera amplia, el contundente informe de Almagro produjo una reacción casi inmediata del Grupo de los 15, así conocido en los pasillos de la institución, cuyo líder es México. En su declaración conjunta (firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay), estos países solicitan a Nicolás Maduro que programe un calendario electoral y libere a los presos políticos. No obstante, el documento deja claro que la suspensión de un país “es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable”.

De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, cuando se suspende un país (el último caso fue Honduras en 2009) éste pierde “su derecho a participar en la OEA”. La exclusión de un país del grupo de naciones democráticas de América envía un mensaje político, económico y comercial a la comunidad internacional y a las principales instituciones económicas en un momento de crisis, lo que hace que este gobierno o régimen pase a ser visto como no grato, lo que puede resultar en bloqueo y aislamiento.

A pesar del cambio en el mapa político del continente, aún sería prematuro decir que Venezuela pueda ser expulsada de la OEA. Para esto se necesitarían dos tercios de los votos (es decir, 22) y no se puede desconocer el apoyo que Venezuela tiene en el Caribe, sobre todo de los países que han sido beneficiados por Petrocaribe, la alianza de Venezuela con 12 países para suministrar petróleo. El acuerdo prevé el suministro a República Dominicana (20.000 barriles diarios), Guatemala (10.000), Costa Rica y El Salvador (8.000), Jamaica (7.400), Haití (6.500), Honduras (5.000), Nicaragua (4.900), Barbados (1.600) y Belice (600). Cuba recibe al día 100.000 barriles de petróleo. ¿Tendrá México fuerza suficiente para cambiar los votos de los países del Caribe?

Nadie puede justificar la situación interna de Venezuela y tampoco ser indiferente al sufrimiento de su pueblo. El informe de Almagro y su aparente buena intención de restablecer la democracia en Venezuela son loables. Sin embargo, tanto la OEA como Unasur carecen de credibilidad regional y es importante reiterar que ambos organismos han fracasado como mediadores.

Queda en el aire una pregunta: con tantos gobiernos legales pero ilegítimos y con altísimos grados de corrupción en América Latina, ¿cuál es la real potestad de la OEA para actuar como juez del gobierno de Nicolás Maduro? En estos días de convulsión política y ausencia de líderes, las palabras que formuló el expresidente Pepe Mujica en junio del año pasado producen sensatez: “Estamos luchando por la paz en Colombia, con fragilidad, a ver si la podemos resolver. ¿Y vamos a hacer de Venezuela un teatro de guerra? No. No puede ser”.

Por ese entonces, Mujica, con una increíble visión a futuro, le escribió una carta a Almagro en la cual lamentaba el rumbo tomado por él en este tema: “Venezuela necesita paz interior (...). Necesita no reducir la idea de socialismo a estatización (...). Esto parece imprescindible para viabilizar el reparto, la estabilidad y la democracia. Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces (...). Repito: la verdadera solidaridad es contribuir a que los venezolanos se puedan autodeterminar respetando sus diferencias, pero esto implica un clima que lo posibilite (...). Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”.

Venezuela hoy está en una encrucijada que podría terminar en tres escenarios aún más complejos. Primero, una noche oscura, que recordaría las dictaduras del Cono Sur, a partir de la ruptura de los militares venezolanos con el gobierno de Nicolás Maduro. Es un escenario hasta ahora impensable debido a la estrecha relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas.

Segundo, que las calles tomen las riendas del proceso de cambio, a pesar de la represión, lo que sería muy arriesgado, como lo destacó la analista Susanne Gratius: “Un juego peligroso en un país con unos 15 millones de armas de fuego y un récord de homicidios y, como reconoce el mismo Partido Socialista de Unidad Venezolana (PSUV), un gobierno cívico-militar”.

Tercero: si Venezuela es expulsada de la OEA, podría ocurrir una radicalización del socialismo bolivariano, a partir del fortalecimiento de alianzas extrarregionales con potencias bélicas, que tienen claros intereses estratégicos en la región y con algunos países latinoamericanos políticamente alineados con Caracas.

Hay que recordar que Cuba fue expulsada de la OEA en 1962, en aquel entonces sin el voto de México. Hoy, Raúl Castro sigue gobernando, prepara su salida y a su sucesor, y Cuba, sin Fidel, sobrevive a apenas 90 millas de distancia de Estados Unidos. Si los tambores no suenan en Venezuela y se inicia una transición concertada y respetuosa, sería una victoria de la diplomacia continental. Para ello, Gobierno y oposición tendrían que regresar a la mesa con una premisa hasta ahora inédita: ceder. Más que una demostración de fragilidad, sería un acto de inteligencia y responsabilidad en una Venezuela que está al borde de una eclosión.
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