Rafael Uzcátegui: “El supuesto gobierno de los pobres se quedó sin pobres”; por Hugo Prieto

Rafael Uzcátegui retratado por Gabriel Méndez
El balance en materia de Derechos Humanos que hace Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de Provea es alarmante. El gobierno sustituyó la Constitución por el estado de excepción, promulgado en mayo de 2016. Al suspender el derecho a la participación electoral, se ha configurado una situación que Provea no duda en calificar de dictadura.

Pero hay más, porque a raíz de la aplicación del Plan Zamora, apareció en Venezuela la figura del paramilitar que actúa bajo el amparo del Estado. “Son grupos que rápidamente degeneran en estructuras delincuenciales, que controlan territorios y tienen poder económico”. Lo que viene a agravar un cuadro de inseguridad que ya era dramático.

Tanto en Provea —como en otras organizaciones de Derechos Humanos— se están documentando las actuaciones ilegales de estos grupos paramilitares, no para demandar justicia hoy, sino mañana. Uzcátegui explica por qué. “El sistema de justicia que tenemos no solo es inoperante, sino que hay un sistema de justicia paralelo, conformado por ciertos tribunales (incluidos tribunales militares) y el Sebin, que actúan de manera arbitraria y unilateral para aplicar —entre comillas— justicia. Nuestra apuesta es a futuro, documentar y tener todos los elementos posibles para que el día de mañana, cuando se apliquen mecanismos de justicia transicional, cuando pasemos de una dictadura a una democracia, podamos procesar estos casos”.

¿Cuál es la situación de los Derechos Humanos en Venezuela?

Desde 1989, un año después de la fundación de Provea, venimos haciendo nuestro informe anual y con base en los datos que tenemos, te puedo decir que estamos en el peor momento de la historia de Provea en materia de Derechos Humanos. Hay una situación de pobreza alarmante. Si haces una proyección de las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas del año 2013, hoy en Venezuela tenemos a más personas en situación de pobreza que las que consiguió Chávez cuando llegó al poder. La proyección se hace asumiendo que el crecimiento de la pobreza se ha mantenido igual que en 2013, cosa que no ha sido así. La cifra es conservadora: 14 millones de personas están en situación de pobreza, antes de Chávez había 12,5 millones. Tenemos una situación de alta inflación, desconocida para los venezolanos, así como de escasez y carestía.

Un hecho innegable es la contracción de la economía venezolana. Ciertamente, se trata de una apreciación conservadora.

En Venezuela no hay cifras. 2017 será el primer año en que Provea presentará su informe anual sin cifras oficiales, porque la memoria y cuenta de los ministerios se ha convertido en secreto de Estado. La información que nos han dado algunos diputados a la Asamblea Nacional es que esas memorias y cuentas, que fueron presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia, no existen. Las cifras son refutables. Ya el año pasado, con base en la información oficial, habíamos establecido que la cifra de construcción de un millón de viviendas era falsa. El retroceso es palpable. La inclusión, que fue la gran bandera de Hugo Chávez, ha desaparecido. Enfrentamos, además, una situación grave y de retroceso en materia de derechos civiles y políticos.

El voto, por ejemplo, es un derecho que quedó suspendido a raíz de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral con relación al referéndum revocatorio. ¿Qué otros derechos se encuentran en una situación similar?

El derecho a la asociación y reunión pacífica que, además, engloba a otros derechos, entre otros, la libertad de expresión y manifestación. Si no han sido suspendidos, al menos han sido acorralados. Aquí hay un sector de la población al que se le ha calificado como terrorista por su orientación ideológica. Además, ha sido criminalizado y hostigado a través de diversos mecanismos, uno de ellos —el más reciente— es el Manual del Combatiente Revolucionario. Un libro que contiene nombres, fotografías y direcciones de personas, para que supuestamente el pueblo o alguien accione contra ellos, lo que pone en riesgo la vida y la integridad de esas personas. Tenemos, además, el derecho a la libertad de expresión y el caso escandaloso de las declaraciones de la Fiscal General, las cuales no fueron transmitidas en su momento por el sistema nacional de medios públicos. Igualmente, podemos mencionar el derecho a la integridad personal.

Eso es lo que hemos visto a lo largo de este mes. El balance de la fiscal general es revelador: 26 personas fallecidas, 1.289 detenciones y 437 heridos durante las manifestaciones de protesta. Cifras, además, que constantemente hay que actualizar.

Por eso nos parece tan valioso el video en el que el diputado Freddy Guevara rescata a una persona de ser detenida, porque hay una alta proporción de que las personas que son privadas de libertad sufran tratos inhumanos, crueles o degradantes o torturas. Prácticas que fueron sancionadas por la ley en 2003. Hay personas que solamente por ser identificadas en una movilización han sido detenidas. Hemos recibido denuncias de personas que estando detenidas les han lanzado una bomba lacrimógena. Los patrones de actuación son inhumanos, y se han agravado con la implementación del Plan Zamora, porque tiene dos componentes que no están entrenados para eso: los militares y los grupos de civiles armados.

El derecho a la manifestación y a la protesta está restringido. Las marchas opositoras no pueden traspasar los límites del Municipio Libertador, donde también ha habido protestas, pero la represión empieza por ahí. ¿Libertador es el pretendido territorio chavista? ¿Se reprime en los focos de Libertador como una política de Estado o por una orden policial? ¿Caracas sigue dividida en guetos? ¿Qué explicación podría tener eso?

Este es un conflicto que también se expresa en las narrativas y la que quiere imponer el gobierno, sin éxito afortunadamente, es que este es un gobierno que defiende a los pobres de personas privilegiadas, que viven en zonas exclusivas de la ciudad. ¿Por qué? Porque eso le daría continuidad a lo que hemos vivido, principalmente, en 2002 (golpe de Estado) y en 2014 (#La Salida). Creo que una de las virtudes que ha tenido la protesta y la movilización actualmente es que ha mantenido un discurso de lucha pacífica, no violenta, aunque ha habido excepciones. La propia fiscal reconoció que la mayoría de las protestas eran pacíficas Aquí la narrativa que se está imponiendo, gracias al uso de las redes sociales y de las imágenes que se han difundido, es la idea de que este es un movimiento de muchedumbre, de mayorías, a diferencia de 2014 cuando no se tenía esa certeza. El dato irrebatible lo dio el resultado electoral del 6-D. Otra cosa muy importante es la desterritorialización del conflicto. El deterioro ha sido tan profundo que las zonas populares se han incorporado al movimiento de protestas. Eso ha obligado al gobierno a contener las movilizaciones en el este de Caracas. Dentro de los mecanismos de control, se incluye el reparto de bolsas de comida, cuyo objetivo es que no se refleje, que no se visibilice, que el supuesto gobierno de los pobres se quedó sin pobres.

Rafael Uzcátegui retratado por Gabriel Méndez

Otra de las cosas que se aprecia más claramente es que en el enfrentamiento también hay dos oponentes: la sociedad versus el Estado. La Defensoría del Pueblo es una de las instituciones objeto de reclamos. Al igual que el Tribunal Supremo de Justicia y las fuerzas del orden público con el llamado Plan Zamora, que uno no sabe si es el Plan Ávila. Es una sociedad que le está exigiendo cuentas a las instituciones del Estado, no solamente al gobierno. Eso también es una novedad. ¿Cuál es su opinión?

Coincido con tu apreciación. Una de las novedades de 2017 es que el gobierno ha perdido la narrativa y la proyección de futuro que alguna vez tuvo Hugo Chávez. Convirtió el Socialismo del Siglo XXI en una caja donde la gente depositaba sus deseos, sus proyecciones. Incluso los desvinculaba de su propia experiencia histórica (el llamado socialismo real de la extinta Unión Soviética). El desmarque de figuras como Noam Chomsky y de otros intelectuales que en el pasado manifestaron apoyo al chavismo tiene que ver con que el Socialismo del Siglo XXI se ha convertido en una mala palabra. Es un adjetivo descalificativo. La gente se siente obligada, moralmente, a deslindarse. Y ahora —y esto tiene que ver con tu reflexión— es que democracia se ha convertido en un significante vacío. La gente dice otra cosa. La gente quiere algo que se llama democracia y yo voy a depositar ahí mis aspiraciones, que como sabemos pueden ser muchas cosas. Lo que hay que debatir es qué tipo de democracia se va construir en el país en el post chavismo.


¿Usted cree que la Constitución está en crisis?

Yo creo que no, no solamente es mi opinión personal, sino la de Provea. La Constitución del 99 ha sido el más reciente acuerdo consensuado en Venezuela. Mi propuesta es que a partir de las garantías que se han convertido en el principal obstáculo contra el desvío dictatorial del gobierno de Maduro, se empiece a reconstruir el país. Yo creo que tenemos un acuerdo, un pacto social, por donde comenzar a reconstruir, por eso estoy en contra de una constituyente. Esa Constitución, tiene además unas garantías y un modelo de funcionamiento que nada tiene que ver con el Socialismo del Siglo XXI, ni con el Estado comunal. En materia de Derechos Humanos tiene muchas garantías, que están en sintonía con los estándares internacionales.

Desde la plataforma comunicacional del gobierno se ha producido un bombardeo propagandístico para asociar el Estado comunal a la Constitución del 99. Creo que la oposición no ha sido muy asertiva en desactivar esa campaña. ¿Cuál es su opinión?

Hay tres posibilidades que habría que abordar. Una: La defensa de la Constitución —y aquí mi apreciación es la de un sociólogo— abre el abismo necesario entre el chavismo y el madurismo. Es decir, este país no se puede reconstruir sin que un sector del chavismo, más democrático o como lo quieras llamar, se incorpore y participe, en una eventual transición. Es importante diferenciar a quienes creen en el proyecto de Hugo Chávez de quienes se están inmolando dentro de este Titanic que es el madurismo. Dos: La Defensa de la Constitución representa un capital semántico y simbólico que ha sido, lo reitero, el principal obstáculo contra la deriva dictatorial del gobierno. Tres: Habría que explicar —algo que le ha faltado a la oposición y que el chavismo ha tergiversado— que esa Constitución no fue una concesión graciosa, no fue un favor de Hugo Chávez, sino el producto de luchas de casi dos décadas de la sociedad venezolana por alcanzar y conquistar cosas que están allí plasmadas. Chávez tuvo el olfato, la intuición política, de que esas luchas se concretaran en una asamblea constituyente. Pero esas demandas son anteriores a Hugo Chávez.

Volvamos al tema puntual que estamos viviendo. Aquí hay personas detenidas que tienen orden de excarcelación de un tribunal y no se cumple. El señor Yon Goicoechea es el caso más emblemático, pero hay otros. ¿Por qué los organismos de inteligencia militar no obedecen a la jurisdicción civil? ¿Cómo es que el defensor del pueblo enumera las gestiones que ha hecho pero no se ocupa de un caso como este?

Después de la derrota contundente del gobierno (6-D de 2015), se sabía que ese dato demoledor (más de 2 millones de votos) marcaba una diferencia que se iba a profundizar. Por eso, el gobierno decide convertirse en una dictadura, a pesar del costo político que eso iba a tener. Y lo primero que hace (enero de 2016) es preparar el terreno para sustituir la Constitución, mediante la famosa lectura de Luis Salas, el ministro breve, de un decreto de emergencia económica. El decreto en cuestión incluía una serie de decisiones en materia fiscal, que no se cumplieron y que tampoco resolvían el problema. Pero sí abonaron el terreno para lo que vendría después. En mayo se aprobó el decreto de Estado de Excepción y de Guerra Económica, mecanismo que sustituía, por la vía del derecho y de los hechos, a la Constitución.

¿Qué evaluación hicieron ustedes de ese decreto?

Las organizaciones de Derechos Humanos vimos con mucha preocupación la aprobación de ese decreto, entre otras cosas, porque allí se institucionaliza la guerra económica como causa de todos los males. Esa guerra económica tiene elementos internos que tienen que ser neutralizados. Uno de ellos es la Asamblea Nacional. No lo digo yo, así lo dice el decreto. Incluía, además, la militarización de toda la cadena de producción y distribución de alimentos; la incorporación de los CLAP a las labores de seguridad ciudadana; la sustitución progresiva de la AN al quitarle sus competencias contraloras, se establece, por ejemplo, que el gobierno podía emitir deuda externa sin el control del parlamento; además, el artículo 3 le confería facultades ilimitadas al presidente de la república. Es por eso que nosotros en mayo ya calificábamos esto como la ruptura del hilo constitucional. En Provea discutimos si podíamos calificar esto como una dictadura, pero había una burbuja democrática, la posibilidad de que la gente votara en el referéndum revocatorio y las elecciones regionales.

Ni una cosa ni la otra fueron posibles. Eso fue lo que ocurrió en 2016.

La burbuja explotó como consecuencia de la decisión del CNE de suspender el revocatorio. Ahí asumimos la decisión de calificar esto como una dictadura.

¿Ustedes mantienen esa caracterización?

Lo mantenemos, claro. Lo mantenemos.

¿Qué elementos se han agregado a raíz de la suspensión del revocatorio, en octubre de 2016?

Otro elemento en la conformación de un modelo de gobierno sin apoyo popular, incluía la decisión —y eso lo advertimos en Provea— de que aquí se podían suspender de manera indefinida las elecciones hasta que el gobierno no tenga garantías de obtener un resultado favorable. Eso podría significar, por ejemplo, que aquí se convoquen elecciones de manera no democrática y lo decimos pensando en el modelo nicaragüense, donde no hay garantías para que los otros puedan participar y con una serie de inhabilitaciones, cosa que hemos visto en los últimos días. Podemos agregar, precisamente, la institucionalización del paramilitarismo en el país, a través del Plan Zamora. Los denominamos paramilitares porque controlan territorios. Esa es la principal característica. Y, por supuesto, han venido actuando en los últimos días en la contención de las protestas.

El diario El País, de España, publicó unas fotos que prueban —de manera irrefutable— que estos grupos paramilitares actúan en connivencia con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. ¿En eso consiste el Plan Zamora? ¿Cómo es que se implanta un sistema similar al que se aplicó en Colombia y en El Salvador?

Eso tiene que ver con la enfermedad del poder de los jerarcas. Allí hay un patrón que ya había denunciado porque lo detectamos en varias ciudades durante las protestas de 2014. Ahora lo que se hace es darle rango de Estado a la participación de estos civiles (paramilitares) en estas situaciones. Ya lo habíamos advertido en las protestas (12, 13 y 14) de febrero cuando la gente salió a las calles, en una ciudad donde no hay espacios públicos, a manifestar su descontento, su malestar. Y la forma en que el gobierno neutralizó las protestas fue utilizando a estos grupos de civiles armados, entre otras cosas, porque generan un terror que inmoviliza a quienes protestan. Cuando una persona es víctima de un funcionario policial o militar —esto lo ha verificado Provea—, la persona tiene la voluntad de denunciar al funcionario con nombre y apellido, porque sabe que esas situaciones podrían ser objeto de una investigación o porque sabe que hay una jerarquía.


¿Cuál sería la diferencia entre las fuerzas del orden y estos grupos paramilitares que, si bien actúan bajo el amparo del Estado, no forman parte de ninguna institución policial o militar?

Si la persona es víctima de detenciones, abusos o robos por parte de estos colectivos armados, en el 95% de los casos, la gente ni siquiera te quiere contar lo que ocurrió. Para ellos está vedado el poder denunciar por el nivel de terror, porque entienden que es una situación incontrolada, que no responde a mecanismos institucionales. Los victimarios son vecinos o viven en comunidades aledañas y además tienen una base de datos creada a partir de los CLAP. Ahora es absolutamente evidente que los CLAP son un mecanismo de control. A la gente que cacerolea en sus edificios o que va a una manifestación, la excluyen de la lista de los CLAP.

¡Qué gran semejanza guardan estos mecanismos de control con los que hay en los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba! Son mecanismos que sirven para controlar, delatar y reprimir. La dictadura que se instaura en Venezuela, de acuerdo a la caracterización que ustedes han hecho, tiene como modelo a la dictadura comunista cubana. ¿O la comparación no cabe?

Sí, los mecanismos tienen una gran influencia cubana. Nosotros lo hemos venido documentando y denunciando. Afortunadamente, este modelo choca con la cultura venezolana, que tiene cosas buenas y malas. Aquí hay poca ideologización, pero mucha simulación y mucho relajo, para sumarse a esos mecanismos. No es casualidad que las denuncias provengan de regiones donde hay una pugna tenaz en la asignación de recursos. El caso de Lara es evidente. La pugna que hay entre el gobernador Henri Falcón y esta figura paralela que es Luis Reyes Reyes. Algo similar puede decirse de los casos de Mérida y Táchira, donde hay factores de oposición que han venido conquistando espacios en esas regiones.

¿Qué puede hacer una persona que es víctima de estos grupos paramilitares? ¿Dónde puede denunciar la violación de sus derechos? Lo previsible es la impunidad, porque estos grupos son afectos o cuentan con el apoyo del gobierno.

La experiencia en América Latina de la promoción de grupos paramilitares por parte del Estado ha degenerado, rápidamente, en grupos delincuenciales propiamente. Lo que ha aumentado los índices de violencia e inseguridad. Así que lo que se ha abierto es una caja de Pandora dentro de una situación grave, que de por sí ya era dramática. Estos grupos son incontrolables y tienen una agenda propia y los “beneficios” que han obtenido al controlar territorios y gozar de impunidad, no los van a ceder.

La experiencia también dice que estos grupos, una vez que tienen poder económico y control social, quieren poder político.

Y quiere más, nunca menos. Pero a escala regional hay jurisprudencia. La actuación de estos grupos se califica como una violación a los Derechos Humanos, entre otras cosas, porque su actuación es una extensión del poder represivo del Estado. En Colombia, por ejemplo, se han emitido sentencias, una de ellas es producto de la masacre de Mapiripán, donde el Estado es culpable por omisión, no sólo por haber amparado, sino por no haber actuado frente a las denuncias. Así que por omisión, el Defensor del Pueblo, en un futuro, puede ser responsabilizado por la actuación de los grupos paramilitares.

¿Cuál es su opinión del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab?

Nunca dejó de ser un militante del PSUV. En algún momento intentó, sin éxito, que su identidad como defensor de Derechos Humanos estuviera al mismo nivel de su identidad como militante del PSUV. Tarek William Saab se formó en materia de Derechos Humanos viniendo a esta organización y cuando él fue designado, pensamos que él pudo haber jugado un papel muy importante dentro del chavismo de transición, pero ese papel lo está jugando la fiscal, Luisa Ortega Díaz. El más bien se ha convertido en el defensor de la dictadura, como lo hemos calificado. Provea es parte de las 100 organizaciones que estamos pidiendo su renuncia. No es el caso de Jorge Santisteban, que fue nombrado por Alberto Fujimori como Defensor del Pueblo en Perú. Ante los desmanes de la dictadura, Santisteban se puso del lado de la gente, del pueblo. Cuando los comparas, el abismo es infinito.


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