El presidente Maduro ha dado una vuelta más de tornillo a su guerra contra la economía presentándole a la Asamblea Nacional un decreto de Emergencia Económica, argumentando lo dispuesto en los artículos 337 y 338 de nuestra Carta Magna.
Por Humberto García Larralde / economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com
Se solicita: 1) disponer a discreción de los recursos presupuestarios del 2015 (saldo caja) y del 2016 para gasto social; 2) la eventual requisición del sector privado, de “…los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, y demás establecimientos, bienes inmuebles y demás mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”; y 3) la agilización de procedimientos administrativos referidos a contrataciones públicas, trámites cambiarios, y para importar y trasladar mercancías. Adicionalmente, insta a las empresas públicas y privadas a aumentar sus niveles de producción y abastecimiento, y anuncia posibles medidas, en coordinación con el BCV, para restringir los flujos monetarios y las transacciones, tanto de moneda nacional como de divisas. El decreto es salpicado además con alusiones al fortalecimiento de las misiones socialistas y a la participación de órganos comunales y de sectores sociales en su instrumentación. Finalmente, en el artículo 4° deja abierta la posibilidad de instrumentar medidas adicionales a conveniencia del Presidente.
En resumen, lo que se propone es un mayor control discrecional sobre recursos presupuestarios y activos del sector privado, incumplir algunos requisitos establecidos en trámites relacionados con la participación del Estado en la economía, y el combate a la inflación a través de la implantación de un “corralito” a la moneda nacional. ¡Un gobierno que ha pasado a la historia como el más incompetente de todos, se afianza en el voluntarismo para manifestar que la emergencia se supera a punta de medidas administrativas, siempre que se le dote de recursos para su libre disposición!
Como reseña la prensa, más de lo mismo, pero ahora amparado en un instrumento legal que sirve de patente de corso para aplicar controles y en cuanto al usufructo discrecional de bienes y recursos financieros. Aunque el decreto no se refiere a ella explícitamente, su presentación a la Asamblea Nacional se realiza en el marco de un discurso –la presentación de la Memoria y Cuenta de Maduro- que resaltaba a la “guerra económica” como causante de los descalabros a superar. Es decir, no hay la mínima disposición a rectificar la desastrosa conducción de los asuntos económicos.
Y uno se pregunta si la presentación de este decreto a la consideración del organismo legislativo nacional no será una especie de trampa de un Maduro desesperado para achacarle la culpa a las fuerzas democráticas de las penurias que agobian a los venezolanos. Porque nadie que tenga en mente el bienestar de la población podría aprobar, en su sano juicio, semejante insensatez.
Una lectura diferente podría señalar, empero, lo positivo que el Presidente de la República esté pidiendo, por primera vez, apoyo para salir de un atolladero que está acabando con su gestión y de la cual no tiene idea cómo superar. En este caso la trampa la representa la incapacidad de Maduro de romper con el cepo impuesto a sí mismo de no desviarse del legado del “comandante eterno” y de rendirle pleitesía al discurso comunistoide para conservar la poca legitimidad que tiene entre los suyos. No tiene idea de por qué se engendró la crisis, ni mucho menos cómo salir de ella.
Lo anterior se refleja en el diagnóstico del que parte el decreto cuando señala, en su artículo primero, que su propósito es “…atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana…” ¿Qué tiene de “coyuntural” una crisis engendrada por la implantación deliberada de un proyecto que pretende pasarle por encima a las leyes que rigen el comportamiento económico? ¿Cómo no entender que el esquema de controles y de regulaciones, de financiamiento monetario de los déficits de la gestión pública, de la ausencia de rendición de cuentas y de la discrecionalidad en el usufructo de los recursos del Estado, del negocio de reventa de bienes regulados, dólares obtenidos a tasas preferenciales y –sobre todo- gasolina (en otros países), representan una verdadera mina para hacer fortunas de la noche a la mañana, la fuente primal de la corrupción y de la degradación moral que está carcomiendo al país? ¿Cómo pedirle al sector productivo que incremente sus niveles de producción, como pretender “…estimular la inversión extranjera en beneficio y desarrollo del aparato productivo nacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismos para la renovación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos”, cuando el verdadero negocio está en la extorsión, las empresas de maletín, el tráfico de estupefacientes, el lavado de divisas mal habidas, el arbitraje entre el precio oficial de la divisa y su cotización en el mercado paralelo, y el “bachaqueo” especulativo, todo ello resultado de la impunidad, la destrucción del Estado de Derecho, la ausencia de controlaría a la gestión pública y la toma discrecional de decisiones centradas en la Presidencia? ¿No estará aquí la razón del Decreto?
Y ello pauta el desafío de la oposición democrática para no caer en la trampa representada por el Decreto de Emergencia Económica. Insistir en que si no se levantan los controles, se endereza el gasto público, se elimina el financiamiento “inorgánico” del BCV al gobierno, se unifica el tipo de cambio y se negocia inteligentemente la consecución de financiamiento internacional para romper la asfixia del sector externo, no hay manera de superar el “Estado de Emergencia”. Y ello no requiere de ningún estado de excepción sino voluntad política y un equipo capaz y coherente, menos cuando ello significa poner en manos de un individuo tan torpe y de mente enfermiza como Nicolás Maduro la suerte económica del país -sin las garantías constitucionales del caso-, durante 60 días, prorrogables dos meses más. La naturaleza estructural –¡no “coyuntural”!- del desastre ungido por la aplicación de un proyecto retrógrado, rígido, despilfarrador y destructivo, requiere de un ajuste omnicomprensivo y profundo que este gobierno no es capaz de realizar.
El desafío de las fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional es, al respecto, de naturaleza educativa, comunicacional, de saber explicar las verdaderas razones del descalabro económico que está acabando con los medios de vida del venezolano, como razón para negar el decreto. Y quien quita que ello no abra espacios para que factores ligados al gobierno rompan la trampa en que ellos adrede se han metido por su incapacidad de pensar con cabeza propia. La transición hacia un gobierno distinto, que rescate un futuro mejor para los venezolanos, pasa por ahí.
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