Venezuela: el Show de Luisa y Nicolás. Dirigido al Consejo Permanente de la OEA (y periodistas ingenuos)
Para nadie es un secreto que en Venezuela los poderes públicos quedaron subrogados al poder Ejecutivo desde la reforma constitucional chavista de 1999. Todas las actuaciones de los tribunales venezolanos desde ese año han seguido las instrucciones de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro.
Durante años, el mundo fue testigo de la parcialidad y el fraude abierto perpetrado por el poder electoral venezolano. En casos penales, Chávez daba órdenes de arresto desde cadenas televisadas que era prontamente ejecutadas por jueces a su servicio y luego ratificadas por miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que llegaron al extremo de concluir actos públicos gritando a viva voz el lema “Patria, Socialismo o Muerte. Venceremos”.
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El brazo ejecutor de todos los desmanes judiciales del chavismo ha sido durante más de tres lustros la Fiscalía General de la República, encabezada, en la actualidad, por la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Fue Luisa Ortega la que dirigió todos los juicios y encarcelamientos de todos y cada uno de los presos políticos venezolanos. Desde el excandidato presidencial Leopoldo López hasta el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, pasando por la jueza María de Lourdes Afiuni, encarcelada por dejar libre a un acusado al que no se le podía probar nada, pero a quien Chávez quería preso.
Es con este telón de fondo que ahora nos presentan Luisa Ortega y Nicolás Maduro esta elaborada obra teatral que presencian los venezolanos apenas horas antes de una reunión crucial para la OEA. Veamos el guion de esta obra:
El día 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia venezolano sentencia la anulación de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, y son asumidas por ese mismo tribunal. Las razones podríamos citarlas, pero para ahorrarle al lector páginas de verborrea con el clásico sintaxis soviético-cubano, remitimos al lector a la página del tribunal www.tsj.gob.ve.
La sentencia tenía el propósito de liberar al gobierno de Maduro para contratar empréstitos en el exterior sin antes obtener la aprobación parlamentaria. Igualmente, el gobierno, presionado por la caída sostenida de la producción petrolera, producto de la destrucción administrativa de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tiene premura en permitir de nuevo que empresas extranjeras operen asociaciones con PDVSA, manteniendo los extranjeros la mayoría accionaria en esas asociaciones. Esto es algo que está expresamente prohibido por legislación aprobada por el entonces parlamento chavista hace casi una década.
Este zarpazo al último vestigio de semblanza democrática en Venezuela fue ejecutado ante la desesperación de Maduro de encontrarse sin fondos a días de enfrentar grandes pagos por deuda externa. Esta situación se agravó además los últimos días por el congelamiento que le realizó Estados Unidos a cuentas controladas por el vicepresidente Tarek El-Aissami, acusado por EE.UU de ser cabecilla de una red de narcotráfico, de US $3.000 millones (cifra confirmada por el Secretario General de la OEA).
En su premura por conseguir dinero, y con la mediocridad que lo caracteriza, Maduro no consideró la reacción internacional al rompimiento definitivo del orden constitucional venezolano. Inicialmente su reacción fue la ya ensayada con La Habana desde hace años: bravuconadas e insultos hacia quienes señalaron el ataque a la institucionalidad democrática.
Más adelante Maduro corrige el discurso, y siguiendo el ejemplo de una táctica muy utilizada por Hugo Chávez, intenta ponerse una piel de oveja. Así vemos a Maduro el 31 de marzo afirmar, sin desparpajo, que el poder judicial en Venezuela es independiente y que él no conocía la sentencia del TSJ antes que se promulgara. Para los venezolanos conocedores de la política local esta afirmación causaría hilaridad de no ser tan execrablemente falsa.
Acto seguido, la quien hasta ahora ha sido un perro fiel del régimen, carcelera de todos los presos políticos venezolanos, la fiscal general Luisa Ortega, en un acto televisado por el principal canal del Estado y con la presencia de todos los fiscales del Ministerio Público, se pronuncia en contra de la sentencia del Tribunal Supremo y la califica como un rompimiento del orden constitucional. El recinto, lleno de funcionarios que ostentan sus cargos por ser leales chavistas y firmes creyentes revolucionarios, aplauden al unísono, siguiendo su buen entrenamiento en La Habana.
De inmediato, miembros de la leal oposición venezolana, felicitan a la fiscal por su valentía y se pronuncian con palabras elogiosas a la ahora erigida como defensora de la democracia. La Carcelera del principal líder opositor venezolano, Leopoldo López.
Más tarde en la noche, Maduro por televisión, presidiendo un Consejo de Defensa de la Nación, anuncia que este consejo exhorta al Tribunal Supremo a “revisar” la sentencia que le atribuye facultades legislativas.
El mensaje de esta obra, bien tramada, y con los primeros actores, Nicolás Maduro y Luisa Ortega, es para la OEA: señores de la OEA, en Venezuela está demostrado que hay separación de poderes. Vean Ustedes cómo la fiscal general de la República ha enfrentado al Tribunal Supremo. Vean cómo, actuando institucionalmente, el presidente Maduro, a instancias del Consejo Nacional de Defensa, respetuosamente exhorta al tribunal a reconsiderar.
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La obra está tan bien diseñada que de inmediato CNN y la BBC sirven de publicistas gratuitamente, anunciando al mundo que Venezuela regresa a la institucionalidad democrática, debido a que la sentencia será revisada.
Minutos después sale una sentencia revisada, con absurdas e incoherentes aclaratorias por parte del presidente del Tribunal, pero aún dejando en pie el Estado de Excepción y la subrogación al Tribunal Supremo de la autoridad legislativa en materia de asociaciones petroleras.
El lunes 3 de abril en la sede de la OEA en Washington veremos a los actores que aún no aparecen en la trama: los embajadores de Nicaragua, Bolivia y Ecuador (y quizás Colombia), pronunciándose simplemente por una corrección de la sentencia en lugar de asegurarse que en Venezuela ocurran elecciones. El show habrá terminado y Maduro quizás gane el premio que busca: ganar tiempo, siempre ganar tiempo.
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