El 17 y 18 de marzo está previsto que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presenten una actualización oral sobre la situación en el país. Será una oportunidad para que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH) expongan las tres crisis de derechos humanos simultáneas que tienen lugar en Venezuela: la represión, la emergencia humanitaria y la crisis migratoria.
Durante el diálogo, los países deberían destacar lo siguiente:
En Venezuela continúa una brutal arremetida contra opositores por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno, que cometen abusos aberrantes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corto plazo, detenciones arbitrarias y torturas.
Los abusos, cometidos con impunidad, han sido documentados por la Misión de Determinación de los Hechos y actualmente están siendo investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Las iniciativas de las autoridades orientadas a reformar el sistema de justicia no han abordado las deficiencias estructurales que han llevado a que en el país no haya independencia judicial.
La emergencia humanitaria ha privado a millones de personas de acceso a servicios de salud básicos y una nutrición adecuada. A su vez, ha dejado al país en una situación desastrosa para enfrentar la pandemia de Covid-19, que ha agravado la emergencia humanitaria. Uno de cada tres venezolanos enfrenta inseguridad alimentaria. La escasez de medicamentos e insumos médicos, las interrupciones de los servicios de agua y electricidad y la emigración de trabajadores de la salud han reducido gravemente la capacidad operativa de los centros de salud.
El éxodo masivo de venezolanos ha generado la mayor crisis migratoria en América Latina: más de 6 millones de personas han huido del país. Hay venezolanos que han sido expulsados arbitrariamente de los países de acogida. Los que permanecen enfrentan xenofobia y dificultades al intentar obtener atención en salud, educación, reconocimiento como refugiados u otro estatus legal que les permitiría trabajar.
Los Estados miembros deben redoblar la presión sobre las autoridades venezolanas para que desistan de su campaña sistemática contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Venezuela también debe cesar las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales, liberar a todos los presos políticos e investigar seriamente las denuncias de violaciones de derechos humanos. A su vez, los Estados miembros deberían exhortar a Venezuela a garantizar que se lleven a cabo elecciones libres e imparciales en el país, así como a implementar las recomendaciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de los Hechos.
En un momento en que la atención del mundo se centra en la guerra en Ucrania, la discusión que tendrá lugar en el CDH esta semana es una oportunidad de recordarle a las autoridades venezolanas que la comunidad internacional no tolerará los abusos de los cuales es responsable del régimen de Nicolás Maduro.
Tamara Taraciuk Broner // HRW.org
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