El último vuelo de Óscar Pérez reveló cadena de violaciones a los derechos humanos

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Una munición autopropulsada disparada a corta distancia por un presunto funcionario policial hacia la vivienda donde se encontraban Óscar Pérez y sus acompañantes, fue la respuesta al grito de “hay heridos, no disparen, nos vamos a entregar” que poco antes había transmitido insistentemente por sus redes sociales el exfuncionario policial ante el personal que intervino en el operativo de búsqueda y captura que el Gobierno desplegó en su contra. No fue sino hasta el día siguiente que el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, confirmó que Pérez y seis de sus compañeros murieron en el ataque, además de dos “funcionarios de seguridad”. Caraota Investiga analiza aquí las circunstancias que rodearon estos hechos plagados, en opinión de expertos, de irregularidades y violaciones a los derechos humanos.

Por: Fiorella Perfetto

La cotidianidad de los vecinos de la parroquia El Junquito, una zona situada al oeste de la capital venezolana, se rompió al amanecer del lunes 15 de enero por el despliegue de un fuerte contingente de funcionarios policiales, sujetos irregulares armados y tanquetas militares que cerraron todos los accesos al sector.

¿El objetivo? En el interior de una desvencijada casa ubicada en la urbanización Araguaney, se encontraría el hombre más buscado por el régimen y parte de sus acompañantes.

“La fuga de información” sobre la ubicación del piloto y exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, al decir de uno de sus compañeros de nombre Gregory, llevó a los organismos del Estado hasta la guarida de quien por más de siete meses se mantuvo en la clandestinidad.

El Gobierno puso precio a su cabeza luego de que en medio de las masivas protestas que se escenificaban en 2017 en todo el país, tomara un helicóptero de la institución policial a la que pertenecía, sobrevolara la ciudad capital y lanzara unos artefactos explosivos – posiblemente bombas sonoras o granadas – en las vecindades del Tribunal Supremo de Justicia, mientras que uno de sus compañeros ondeaba una bandera con el mensaje “350 libertad”, en alusión a la aplicación del artículo 350 de la Carta Magna que otorga a los venezolanos el derecho a “desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los Derechos Humanos”.

A partir de ese martes 27 de junio de 2017 se inició una cacería por parte del Gobierno venezolano para dar con el paradero y captura del efectivo policial y sus acompañantes, sin éxito, hasta el pasado lunes.

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Durante ese período no fueron pocos los videos con mensajes que el piloto difundió a través de sus redes sociales, en los cuales señalaba las razones de su rebeldía. Aun cuando se convirtió en el hombre más buscado por el régimen chavista, llegó a acompañar y a retratarse con grupos de manifestantes en las distintas protestas que tenían lugar en el país. “Nos acogemos al artículo 333 y 350 de la Carta Magna. Queremos aclarar que la maniobra hecha el 27 de junio fue lograda a la perfección en una primera fase”, dijo el piloto desde una concentración en Altamira la noche del 13 de julio.

Allí aprovechó para enviarle un ultimátum al régimen. “Es hora de que este narcogobierno caiga. El 18 de julio, un trancazo general, nacional, sin retorno. La consulta popular (que se realizaría el 16 de julio en rechazo a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente) se hará. Estaremos en las calles defendiendo al pueblo”, dijo. A partir de entonces, el país deshojó la margarita. Un sector de los venezolanos vieron en Pérez y su movimiento la esperanza de “acabar con el régimen”, mientras que otra parte de la población le consideró un nuevo “montaje del Gobierno” para cazar disidentes, disyuntiva que fue despejada luego que el Gobierno lo aniquilara al igual que otros seis acompañantes durante un operativo plagado de irregularidades.

Pérez fue noticia nuevamente el 18 de diciembre pasado, al atribuirse bajo la ejecución de una operación llamada Génesis, el asalto y robo de armas en el comando de la Guardia Nacional ubicado en San Pedro de Los Altos, una zona cercana a Los Teques, la capital del estado Miranda. En esa ocasión, les exigió a los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales restituir la institucionalidad del país por medio de la aplicación del artículo 328 de la Carta Magna e instaurar un gobierno de transición.

Un día antes de fin de año, el exfuncionario de la policía científica denunció que el régimen quemó la vivienda de sus padres y que le habrían robado sus pertenencias, además de “mandar a la clínica” a su padre. “Entonces serán sitiados, sus acciones sólo fortalecen mi compromiso a cumplir con mi nación”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Posteriormente, el pasado martes nueve de enero, el inspector policial grabó para el canal de noticias internacional CNN una entrevista que no se transmitió sino hasta el viernes 12. Habría sido el piloto el que, por “medidas de seguridad”, solicitó que no fuera transmitida al día siguiente, según lo previsto. Luego, el canal estadounidense tendría otras pautas que atender, por lo que tampoco salió al aire el jueves.

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Un amigo cercano a Pérez que sólo se identificó como Gregory, entrevistado por CNNla misma noche en que sucedieron los hechos, explicó que para el momento en que se grabó la entrevista con el piloto, ya se tenía la sospecha de que algo no estaba bien y por ello sugirieron el cambio en la fecha de emisión.

“Hubo una fuga de información porque Óscar confió en alguien que no debió confiar y cometió un error, lo cual se paga caro. Pero esos errores lo cometen los valientes”, dijo.

Tres días después de que la entrevista saliera al aire, la opinión pública nacional e internacional fue sorprendida con un operativo policial que tuvo la peculiaridad de haber sido transmitido prácticamente en tiempo real a través de las redes sociales. Pero ¿qué revelan los videos y sonidos captados durante esas largas horas?

El día final

La forma como se dio a conocer Óscar Pérez ante la sociedad venezolana contiene todos los elementos de un guion cinematográfico. Desde que dejó al desnudo las vulnerabilidades de seguridad al sobrevolar la capital a sus anchas, hasta el momento en que el operativo dirigido desde el alto Gobierno acabó con su vida, se ocupó de documentar los “motivos de lucha” en numerosos videos que fueron masivamente replicados por sus seguidores en las redes sociales en el país.

Sus últimas horas de vida no fueron distintas, con el añadido de que esta vez sus registros y aquellos que fueron difundidos por los que actuaron en el operativo, evidencian una serie de hechos violatorios de los derechos humanos, además de graves irregularidades, que, según los expertos, le confieren a su muerte y a la de sus compañeros el carácter de “ejecución extrajudicial y masacre”.

Este es el lugar donde se escondía Óscar Pérez, en la urbanización Araguaney de El Junquito

“Las negociaciones”

En los primeros videos difundidos ese día, el ex funcionario de la policía científica alertó que como consecuencia de una fuga de información “fueron sitiados” en el lugar donde se escondían. Estos registros recogen parte de las conversaciones que él y el funcionario a cargo de la negociación, al que llamó “mayor” – presuntamente por su rango militar – mantuvieron para formalizar su entrega y la de sus compañeros.

“Mira Óscar, voy a llamar por radio aquí porque no quiero que suba nadie más, no quiero guardias, no quiero a nadie más. Voy a permitir sólo Ministerio Público, periodistas y nosotros, nadie más”, dijo el negociador. “Somos nosotros, podemos hacer el cambio, mayor” le respondió Pérez. “Nosotros no somos delincuentes, somos patriotas que estamos luchando por una convicción de vida”, completó.

Más adelante, el “mayor” le explica al piloto cuál es su objetivo:

“Ojo, ahorita estaba hablando con Pimentel y se extrañó, le dije que la orden del presidente (Nicolás Maduro) es resguardarles la vida, es por eso que no quiero violencia (…) el Baes (Brigada Antiextorsión y Secuestro) todo eso es una familia, vinimos a cumplir una orden y aquí estamos (…) por eso me acerqué a la puerta arriesgando mi vida, así como me viste, es a dialogar, porque esa es la única manera de transformar esto”.

Negociación de Óscar Pérez con el “mayor”. Video cortesía.

Ambas partes acordaron sin atisbo alguno de violencia, cómo ponerle punto final a aquella situación y llevar a cabo la rendición y entrega. Pérez aseguró al funcionario que en su “equipo” no había heridos.

Poco después, sería otro el escenario. Versiones extraoficiales afirman que un tercer grupo, actuando en contra de la orden presidencial expresada por el “mayor”, habría intervenido violentamente en la operación que derivó en el cruento desenlace. Esta versión narrada por fuentes familiarizadas con el caso a Caraota Investiga, coincide con el recuento que describió el amigo cercano de Óscar Pérez, llamado Gregory en la entrevista ofrecida desde la clandestinidad a CNN.

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“Estuvimos en constante comunicación desde las seis de la mañana que (Óscar Pérez) nos dijo que estaban siendo sitiados (…). En todo momento estuvo solicitando apoyo del pueblo de Venezuela, que esta es una lucha de todos y para todos, porque el peligro que se corría era inminente ya que en medio de la negociación, el equipo en todo momento habló de una rendición. No hubo actitud agresiva, no hubo ningún tipo de agresión hacia los funcionarios que se encontraban en primer momento. Simplemente no se pudo. Después llegaron y cambiaron todos los componentes que se encontraban en ese momento y simplemente la orden fue matar”.

Después, el bombardeo

No está claro qué ocurrió entre el momento en el que Pérez negociaba su entrega y la de sus compañeros y la aparición del piloto en una serie de videos, herido, explicando que ellos no serían los que estaban disparando y clamando por el cese al fuego en evidente disposición de entregarse a las autoridades

Pérez entonces colgó en su cuenta de Instagram otros videos en los que se le observa desesperado por estar bajo ataque. Aun así siguió solicitando el cese al fuego y manifestando la voluntad del grupo rebelde de entregarse. En el último registro de esta serie, con resignación, confirmó que no habría entrega, porque la orden era matarlos.

Paralelamente, dos informaciones fueron difundidas por altos funcionarios del Gobierno. A media mañana, el ministro de Agricultura Urbana y jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal, confirmaría por medio de un audio la intervención de colectivos  – grupos irregulares armados o paramilitares – en la operación de captura de Pérez y la muerte de Heyker Vásquez, líder del colectivo Tres Raíces que opera en el 23 de Enero, hecho confirmado posteriormente por el ministro Reverol. También daba fe de la muerte de “todos aquellos que levantaron la bandera contra la patria, contra las instituciones y el pueblo”.


Por otro lado y en medio de la incertidumbre, sólo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello ofrecía a través de su cuenta de Twitter la versión oficial de los hechos. Escribió a eso de las 10 de la mañana que “el terrorista Óscar Pérez, atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.



El ataque al lugar donde permanecían el exfuncionario de la policía científica y sus compañeros, además de “mujeres y niños” según su testimonio, fue dirigido desde sectores cercanos a la vivienda y también desde las azoteas de las casas próximas al lugar. Las detonaciones provenientes de armas de distintas potencias que se escuchan en los registros de audios y videos recogidos durante el ataque es de tal magnitud, que harían imposible pensar en un resultado distinto a la masacre de las personas que se encontraban en la vivienda, tal como mostraron las fotos y videos que se filtraron a la opinión pública.

Óscar Pérez advierte que hay mujeres y niños y pide el cese al fuego. Cortesía

Uno de los videos recoge el momento en el que un supuesto funcionario acciona un arma y dispara un cohete justo a la habitación en la que se encontraba Pérez y sus compañeros. No se trató de una acción disuasiva. “Allí, apunta a la cortinita azul”, se le escucha decir a uno de los participantes en la operación, en referencia al lugar de la vivienda donde se encontraba el grupo.

Video en el que un individuo dispara un cohete hacia el lugar en que se refugiaba Óscar Pérez y sus acompañantes. Cortesía

La presidenta de la ONG Control Ciudadano y experta en materia militar, Rocío San Miguel, afirma que esta munición autopropulsada, como etimológicamente corresponde llamar a este tipo de armas, era “un lanzagranadas antitanque RPG-7 ruso de la FAN”. El video evidencia que al momento de emplear este armamento no existía intercambio de disparos, por lo que es claro que el objetivo al usar un arma de guerra era matar a Pérez y a sus acompañantes.

Un oficial del Ejército venezolano consultado para esta investigación, sostiene que no estaría tan claro que se tratase de ese tipo de lanzagranadas, pero en lo que no tiene dudas es en que no existe protocolo alguno que justifique el uso de ese armamento por parte de civiles (entendiendo que los funcionarios policiales son civiles especializados en la seguridad pública) y menos contra ciudadanos que ya habían manifestado su voluntad de entregarse. Resaltó, además, la forma como desde las vocerías gubernamentales se manipula el concepto de guerra, para justificar este tipo de acciones violatorias de los derechos civiles.

“Es un error afirmar que las acciones de Óscar Pérez son actos de guerra. Los actos de guerra sólo se dan entre Estados”, comentó un oficial del Ejército venezolano consultado para este trabajo y que prefirió mantener su nombre en reserva. “Por otra parte, lo que se observa en ese video puede ser un cohete, pero lo llamativo aquí es que hayan destruido el lugar. Ellos saben muy bien que con el uso de un espectrógrafo se puede determinar qué lanzaron, por ello deben destruir y desaparecer esos escombros y sacarlos de allí, porque con este instrumento se puede estudiar las partículas de polvo y estas hablarán: dirán si el tipo de carga de proyección cónica es de un determinado porcentaje, que según la patente mundial de armas corresponde a un RPG o una AT4, por ejemplo”.

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La intención de alterar o eliminar cualquier atisbo de evidencia que pudiera esclarecer lo ocurrido durante el operativo no parece ser parte de la agenda oficial. El periodista Luis Gonzalo Pérez reportó este miércoles que a eso de las tres de la tarde, un tractor con pala fue trasladado hasta el lugar de los hechos, escoltado por miembros de la Guardia Nacional.

El experto militar apunta, además, otros datos reveladores. “Vamos a partir de los hechos: alguien lanzó algo contra la instalación y ese algo la impactó, tumbó la pared y gran parte de la estructura. Esto quiere decir que lo que lanzaron tenía un efecto penetrante de alto nivel. Por las Tablas de Organización y Equipo (TOE) de las fuerzas de seguridad civiles del mundo, no existe, repito, no existe ese tipo de sistemas de armas para combatir el delito civil. Estas armas sólo son usadas por unidades militares en caso de guerra. Esto se trata de un delito de lesa humanidad”.

Hay otros detalles sobre el lugar de los hechos, a decir del experto. “Si se mira con detenimiento la foto que se filtró en la que yace muerto Óscar Pérez, se puede notar que la mitad de su cuerpo quedó debajo de los escombros, posiblemente producto de la explosión; sin embargo, tiene el arma consigo. Me inclino a pensar que la explosión le aturdió y que lo que realmente lo mata es una posible ejecución posterior”, concluyó.

Esta hipótesis podría cobrar fuerza. En otro pasaje audiovisual, una mujer narra el momento en el que los miembros del operativo penetran la vivienda. “Lo volaron”, es el término que usa. Luego, ráfagas de ametralladoras de hasta 14 segundos de duración precedieron el silencio de la muerte.

Sin embargo, no parece ser la opinión del Gobierno. “El proceder de los organismos de seguridad del Estado se enmarcan en los criterios universalmente reconocidos para la actuación ante situaciones similares que atentan contra la paz social y vulneran la seguridad pública”, afirmó el ministro Reverol en la rueda de prensa ofrecida un día después de los sucesos.

El pronunciamiento del ministro Bernal y el testimonio ofrecido por el amigo cercano de Pérez a CNN, dan certeza de la intervención de grupos irregulares armados o paramilitares en el operativo, enmarcados en el concepto de “colectivos”. Según la opinión del experto, “la presencia de estos sujetos conforma una circunstancia agravante al delito principal, que es haber cometido un homicidio con arma de guerra. El verdadero delito es matar a alguien con un arma de guerra, según el Código de Justicia Militar”. Además del uso de este tipo de armas de fuego, el Gobierno envió dos tanques al refugio donde se encontraban Pérez y sus acompañantes.

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¿Pena de muerte en Venezuela?

El artículo 43 de la Carta Magna no deja dudas sobre la obligación del Estado de preservarle la vida a los ciudadanos así estos hayan cometido delitos. “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla (…)”, reza la ley. Pero otra cosa es lo que parece ocurrir en el país.

“En Venezuela no existe pena de muerte y estamos obligados a respetar nuestra Carta Magna, sobretodo el ministro Reverol que se juramentó ante ella. El artículo 43 es muy claro, la vida es inviolable. El Estado tiene la obligación de proteger incluso a los privados de libertad”, comenta a Caraota Investiga Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles.

Explica el letrado que existen en estos casos dos instituciones que las leyes obligan a actuar: el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. “Cuando un individuo prisionero de guerra o estando en guerra solicita entregarse como ser humano, el deber ser en materia de derechos humanos es que estas garanticen la protección de su vida. Además de ello, están obligadas a observar el procedimiento que se está ejecutando en ese momento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la legalidad del mismo”, explicó.

Es en todo caso, lo que rezan los principios de resolución de conflictos armados. “Si alguien se está rindiendo, estas instituciones deben estar presentes para servir de mediadores y garantizarles la vida. Incluso en un conflicto armado si un individuo ya calificado a priori como terrorista depone las armas – y hay pruebas documentales públicas que confirman esto, válidas dentro del derecho penal –  entonces el fiscal (del Ministerio Público) está obligado a monitorear lo relativo a la investigación penal y debe hacerlo de oficio”, recalcó. “Un fiscal ha debido presentarse allí para hablar con la comisión policial y entonces expresarse como mediador para garantizar la vida y la aprehensión del individuo porque este cometió delitos”.

La preocupación de Narváez no queda sólo en lo ocurrido el pasado lunes. El problema es mucho más grave. “El Estado desapareció en materia de garantía y legalidad y por supuesto en materia de derechos humanos. El peligro de esto es que se imponga la cultura de la muerte. Los casos de Tumeremo, Barlovento, las conocidas como Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) o los linchamientos conforman esa cultura, que tienen lugar cuando el Estado desaparece en materia de protección de los derechos humanos. Si estos no se protegen se está dando luz verde al hampa para que asesine, secuestre o mate y si se denuncia tampoco se encuentra al victimario en una audiencia de presentación”.

Además de la transgresión a la Constitución venezolana, el Código de Justicia Militar y las leyes, también fueron quebrantados los tratados internacionales que la Nación ha suscrito. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre  Derechos Humanos, los estatutos de Tribunal Militar internacional de Nuremberg o aquellos contemplados en el marco de la Corte Penal Internacional, no fueron respetados durante ni después del operativo de búsqueda y captura de Pérez.

Narváez recalca además dos elementos que inciden negativamente en la protección de los derechos humanos y que ya ha cobrado víctimas. “La perpetuación de un estado de excepción en el país y la vigencia de la resolución 8610 son también responsables de estos hechos”.

Resolución 8610, como el caso de Fabián Urbina, cobra otras siete vidas

Ya el pasado 22 de junio, Caraota Investiga resaltó las consecuencias del articulado puesto en vigencia el 27 de enero de 2015 que confiere carácter legal al uso de armas de fuego en manifestaciones. Una víctima de ella fue el joven Fabián Urbina, asesinado durante las manifestaciones que se generaron en el país el pasado año en rechazo al régimen chavista.

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Esta resolución contenida en la Gaceta Oficial N° 40.589 norma sobre “la actuación de la Fuerza Armada Nacional en funciones de control del orden público de manifestaciones públicas, la paz social y convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, conocidas en la resolución N° 8.610 del Ministerio de la Defensa.

El controversial dictamen es contrario al espíritu del artículo 68 de la Constitución Nacional al justificar el uso de la fuerza en “manifestaciones pacíficas”. Por ello, el abogado José Ignacio Hernández advertía en aquella oportunidad que una “lectura literal” de la mencionada norma podría llevar a la conclusión de que la “fuerza puede ser empleada contra manifestantes pacíficos o para dispersar protestas pacíficas, lo cual sería una clara violación a los derechos humanos“.

En todo caso, la resolución firmada por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, cubre con un velo de “legalidad” la actuación de efectivos militares en “manifestaciones pacíficas” al permitir el “uso de agentes químicos y armas de fuego de acuerdo con el principio de proporcionalidad”, de acuerdo con su artículo 15. Para Hernández, “hay algo todavía más grave” en el dictamen del ministro y es el artículo 24, el cual permite “como medida de último recurso, el uso de armas de fuego, estableciendo un conjunto de condiciones para restringir su uso, norma claramente violatoria de la Constitución“.

Para el abogado Rafael Narváez, “esta resolución y el perpetuo estado de excepción tienen también una importante incidencia en el fatal resultado que dejó la aplicación del operativo para capturar a Óscar Pérez”.

Sin derecho a honrar a los “idos”

Poco después de culminar el operativo que dejó como saldo nueve muertos – Pérez y seis de sus compañeros, además de dos supuestos miembros de las “fuerzas de seguridad” – el presidente Maduro acudió a la Asamblea Nacional Constituyente para presentar su informe de gestión anual. Sólo una breve referencia hizo a los hechos ocurridos ese día en El Junquito.

Ya en horas de la tarde, los cuerpos fueron reunidos y trasladados al hospital Miguel Pérez Carreño. Cerca de las 10 de la noche, los restos del piloto ingresaron a la morgue de Bello Monte, según informó una fuente forense a Caraota Investiga. “El cuerpo presentaba múltiples orificios de bala, estaba masacrado y tenía un tiro de gracia. Un hermano del funcionario se presentó la mañana del martes y no le permitieron retirarlo, ni siquiera verlo. La orden es cremar el cuerpo”. Asimismo, los cuerpos de seguridad establecieron un fuerte cerco en los alrededores del lugar que impidió el acceso a los medios de comunicación.

Las fuentes consultadas informaron también que los cuerpos de las personas asesinadas durante el operativo “los dejaron en una sala sin aire para acelerar la descomposición”. Sin embargo, el estado en que se encuentren los cuerpos no justifica la cremación, mucho menos cuando los familiares se encuentran a la espera de su entrega. “Es una práctica común entregar a los familiares los cuerpos, como sea que estos se encuentren. Un caso, por ejemplo, como el de la muchacha asesinada por Chirinos(en alusión al caso del psiquiatra Edmundo Chirinos, que asesinó a una paciente), su cuerpo fue hallado en muy avanzado estado de descomposición y aun así se le entregó a sus deudos, como tantos otros”, recordó.

De ser este el caso, el protocolo forense exige practicar el reconocimiento e identificación antropológico y odontológico en caso de que los cadáveres estén irreconocibles y luego se procede a la entrega. “No se justifica la cremación y mucho menos cuando sus familiares no lo quieren así”. Además, la fuente se plantea la interrogante que surge ante estos hechos: ¿Cómo se explica al mundo que un cadáver se descomponga en una morgue, cómo se explica entonces las condiciones en las que opera esta instalación?”, afirmó.

El aval legal sobre lo expresado por esta fuente existe. “La cremación no forma parte del protocolo forense cuando se registra una muerte que no es en condiciones naturales, además que no está autorizada por los deudos. Por lo tanto, el correcto proceder es la entrega del cadáver y posteriormente la exhumación de este para reiniciar la investigación”, explicó Narváez.

El saldo que dejó el operativo ejecutado por el Gobierno para la búsqueda y captura de Pérez, en el que se usaron armas de guerra una vez el grupo había negociado su rendición y entrega, es de siete personas asesinadas: Óscar Alberto Pérez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos y Lisbeth Ramírez Montilla. Los detenidos son Jonaldy Deyón González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruíz Lugo, Antonio José Pérez Cisneros y William Alberto Aguado Sequera. Dos individuos que atacaron el lugar también perdieron la vida.

Diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del país, como también organismos internacionales, ya han elevado la voz exigiendo una investigación penal e independiente de los hechos que ocurrieron ese lunes 15 de enero, en lo que se ha dado a llamar “la masacre de El Junquito”.

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