Ley de propiedad de la Misión Vivienda brindaría mayor libertad a los sectores populares de desvincularse del chavismo
Cerca de 1.5 millones de personas podrían ser beneficiadas por la medida
Chavismo insiste en que proyecto de los opositores es inconstitucional
El gobernante venezolano Nicolás Maduro durante una sesión del Tribunal Supremo en Caracas el 29 de enero.FEDERICO PARRA AFP/Getty Images
Las pretensiones de la oposición de aprobar una ley que otorgaría el titulo de propiedad de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda desmantelaría uno de los más eficaces mecanismos de control que ejerce el chavismo sobre la sociedad venezolana y que mantiene a cientos de miles de personas amarradas a sus filas bajo la permanente amenaza de ser lanzadas a la indigencia.
Expertos consultados dijeron que el proyecto de ley --aprobado en primera discusión el jueves en la Asamblea Nacional-- impediría que el régimen de Nicolás Maduro continúe utilizando el programa gubernamental para obligar a cerca de un millón y medio de electores a votar a su favor en las elecciones, lo que dejaría a muchos de ellos en libertad de migrar hacia la oposición.
“Ellos [en el chavismo] se oponen a esto porque el si el usuario de la vivienda pasa a ser el propietario, pues ya no va a depender del Estado, va a ser independiente del gobierno”, comentó desde Caracas el ex canciller venezolano Armando Durán.
El gran objetivo del programa gubernamental siempre fue “mantener a los inquilinos controlados por la Misión […] Ha sido muy grande el dominio económico sobre el inquilino que ha adquirido la misión”, agregó.
Entre 500,000 y un millón de familias que residen en las unidades bajo propiedad del Estado se beneficiarían directamente del proyecto de ley, que pasó la primera votación con la aprobación unánime de los 109 diputados vinculados a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que agrupa a los principales partidos de la oposición.
La minoritaria bancada oficialista se opuso la moción.
“Este instrumento que acaban de aprobar […] primero no cumple los requisitos para ser un proyecto de ley, segundo no resiste ningún análisis jurídico y tercero es inconstitucional”, manifestó el diputado gubernamental Pedro Carreño.
El gobernante Nicolás Maduro por su parte, ha estado lanzando llamados a la población a salir a las calles a manifestarse en contra del proyecto de ley, argumentando que la oposición pretende dejar a los beneficiarios sin viviendas.
“Llamo a todo el pueblo a movilizarse contra la Ley Capitalista que pretende privatizar la vivienda y el hábitat de la familia venezolana”, manifestó el gobernante en su cuenta de Twitter.
No obstante, el gobernante no explicó cómo es que los beneficiarios de la misión, quienes recibirían los títulos de propiedad, terminarían perdiendo las viviendas.
Los analistas, entre tanto, dijeron que el chavismo en realidad no está preocupado por el hipotético escenario de que los actuales beneficiarios de la Misión Vivienda terminen perjudicados sino porque corren el riesgo de perder uno de sus mayores instrumentos de control y de manipulación política.
“La Misión Vivienda ha sido la que ha generado los mayores niveles de aspiración entre la población”, dijo desde Caracas Oswaldo Ramírez, presidente de la firma ORC Consultores. “Hábilmente el gobierno, el 2012, y luego el 2015, propagandísticamente lo ha utilizado para tratar de generar esa conexión y esa lealtad”.
Pero la misión, como ha sido el caso con la mayoría de los programas sociales emprendidos por el régimen, solo beneficia a quienes se mantienen entre las filas del chavismo.
Tal como cómo ha sucedido con los empleados del sector público, quienes frecuentemente han sido despedidos al detectarse que sus simpatías están con los opositores, la mayoría de los beneficiarios de los programas sociales se ven obligados a inclinarse a favor del régimen bajo el temor de ser excluidos.
El general venezolano Antonio Rivero, quien investigó el uso de la Misión Vivienda por parte del chavismo con fines de alterar los resultados electorales, añadió que el programa ha sido utilizado para mantener entre 300,000 y 500,000 familias amarradas dentro de localidades específicas, donde son controladas y monitoreadas constantemente.
Si estas familias logran obtener los títulos de propiedad, podrían eventualmente migrar hacia otros lugares, lo que terminaría por romper el esquema de control.
“Este proyecto de ley terminaría dándoles la libertad a estas personas, quienes al vender sus viviendas y mudarse a otros lugares, quedarían libres del control gubernamental”, dijo Rivero, entrevistado en Miami.
Pero el proyecto de ley también tendría otro efecto adverso para el gobierno, resaltó Ramírez.
“Todas esas personas que quieren tener la propiedad de sus viviendas, al contabilizarse cuántas son, lo que se van a encontrar es que en realidad no existe ese millón de vivienda que fueron anunciadas por el gobierno”, señaló el analista político.
“Va a quedar al descubierto que aquí hubo un fraude en términos propagandísticos porque el programa no ha tenido el alcance que el gobierno ha salido a cacarear a los cuatro vientos”, resaltó.
Maduro anunció recientemente que el chavismo había construido un millón de viviendas, pero el número real bajo la titularidad del Estado es mucho menor, dada la contracción del sector de construcción registrada en los últimos tiempos.
Eso puede verse en los últimos números del Banco Central de Venezuela, que dio unas cifras hasta el tercer trimestre del 2015 mostrando que el PIB en el sector construcción arrojaba una contracción acumulada de cerca del 16 por ciento.
“Estamos en la presencia de una mentira, o la cifra económica del Banco Central es falsa, o el anuncio del gobierno es falso”, dijo Ramírez.
“Si tengo un PIB negativo en el sector construcción, siendo el sector público que el más construye, entonces tenemos una contradicción. Algo no cuadra allí porque no se puede tener el numero de viviendas construidas anunciadas por el gobierno cuando el PIB del sector es negativo”, sostuvo.
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