El chavismo teme un estallido social como el «caracazo» de 1989

Los empresarios rechazan el estado de emergencia económica en Venezuela

Lilian Tintori (C), esposa del dirigente político que se encuentra preso Leopoldo Lopez, participa en una manifestación pacífica en la entrada al edificio donde se encuentran las oficinas del Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab

El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, teme que la crisis económica termine provocando un estallido social en el país. Pero no cambia de política. Aristóbulo Istúriz, vicepresidente ejecutivo, ha descartado una salida «neoliberal» a la debacle para evitar un alzamiento popular: «Aquí vimos lo que ocurrió con el "caracazo" (en febrero de 1989). Es una experiencia que vivimos. Nuestro pueblo salió a la calle sin ninguna dirección, reventó supermercados y vidrieras (de comercios). No lo hicieron porque el pueblo fuera loco o desgraciado, sino porque se aplicaron una serie de medidas tras ofrecerse otras alternativas».
El «caracazo» fue provocado por la aplicación de un paquete económico que, entre otras medidas, incluía el incremento del precio de la gasolina. Pese a que el Gobierno de Maduro se niega a una «salida neoliberal», no descarta el aumento del combustible. Luis Salas, ministro de Economía Productiva, ha afirmado que es «posible» elevar el coste de la gasolina.
Los planes económicos del Gobierno son ambiguos. Maduro presentó el viernes un decreto de Estado de Emergencia Económica, que está siendo debatido por el Parlamento, dominado por la oposición. Pero esta propuesta no expone soluciones concretas a la crisis e insiste en culpar a la «guerra económica» de la crisis. «Las estrategias de desestabilización han provocado una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, el petróleo, lo cual atenta contra los derechos del pueblo venezolano, afectando gravemente a los ingresos fiscales y de divisas del país, y obstaculizando el cumplimiento de objetivos», según el decreto.
Los parlamentarios han creado una comisión para evaluar esta medida. Julio Borges, diputado de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha invitado a las instituciones gubernamentales a la Asamblea Nacional para discutir el decreto. «Invitamos al Ejecutivo a este debate para tener una idea más clara de adónde se puede llevar la economía del país», dijo ayer ante del comienzo de la sesión parlamentaria.
El diputado José Guerra, coordinador de la comisión que estudia el decreto en el Parlamento, rechaza la propuesta chavista. Así lo ha dicho en su cuenta de Twitter, donde señala que, tras conocer el decreto, el Gobierno de Maduro«no ha medido la amplitud de la crisis». Sin embargo, apenas han comenzado las discusiones en la Asamblea sobre el decreto de emergencia económica.

Precariedad

Los que sí han rechazado la emergencia económica de Maduro son los empresarios. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecámaras) ha indicado en un comunicado que la nueva medida es «contraproducente para el país» y podría «agravar aún más la precariedad que ya se vive en los hogares venezolanos».
Según los empresarios, el decreto parte de un «diagnóstico equivocado» y demuestra que el Gobierno no tiene la intención de rectificar: «Por el contrario, es una muestra de su afán en profundizar un modelo económico cuyos resultados están a la vista». Según Fedecámaras, la fractura económica de Venezuela no fue provocada por la supuesta «guerra económica» (o sea por los empresarios), sino por la política estatalizadora del chavismo y el intervencionismo de empresas privadas, «en la gran mayoría de los casos arbitrario y discrecional».
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