La desesperación a la que ha llevado el chavismo a los venezolanos ha hecho que se coloquen en la nueva mayoría de la Asamblea Nacional todas las esperanzas de cambio. Percepción comprensible pero a la vez inexacta. El Gobierno Nacional, de forma taimada, ha jugado con esa esperanza de transformación. Maduro ha dicho: “Vieron que se equivocaron quienes no votaron por la Revolución; las colas no han desaparecido; los diputados opositores son unos farsantes, los engañaron”. El tiempo de la gente no coincide con el de los historiadores o con el de las etapas geológicas. Los ciudadanos reclaman soluciones rápidas. La inmediatez forma parte de las exigencias ciudadanas.
El brillante discurso de Henry Ramos Allup en la instalación de la AN puso las cosas en su sitio. No jugó con las ilusiones de los venezolanos. No fue una intervención mesiánica ni demagógica. La AN no es un contrapoder ni pretende sustituir al Ejecutivo en las competencias exclusivas e intransferibles que el gobierno chavista posee. La cohabitación entre el Ejecutivo Nacional y el Parlamento surgido a partir del 5-E no es similar a la que se da, por ejemplo en Francia, cuando el Presidente de la República pertenece a un partido y el Primer Ministro a otro. En el caso francés, ambas figuras manejan recursos financieros y tienen atribuciones constitucionales sobre sectores de la administración pública. En Venezuela no ocurre lo mismo. Las facultades de la AN se circunscriben al ámbito legislativo y de control sobre las actuaciones de los otros poderes públicos, especialmente el Ejecutivo.
Es al Presidente de la República y a su equipo de gobierno —integrado por los ministros, presidentes de las empresas públicas y directores de entes descentralizados, entre otros funcionarios— a quienes corresponde definir, diseñar y ejecutar los planes y las políticas públicas. El presidente Maduro está investido de la autoridad constitucional para designar a todos sus colaboradores más importantes e instruirlos para que lleven adelante los proyectos que él considere convenientes. Esta prerrogativa presidencial se mantendrá aunque la mayoría de la AN sea opositora. En estricto sentido, por lo tanto, la oposición no cogobernará con Nicolás Maduro y con el Psuv. Lo máximo que puede y debe hacer la AN es proponer leyes que mejoren la situación económica y social del país y que rescaten la institucionalidad. La aplicación de esos instrumentos jurídicos depende de la acción del Gobierno Nacional. Por ejemplo, la Ley Marco para el Incremento de la Productividad, anunciada por la MUD, podría ser sancionada por la Asamblea, pero su materialización solo puede ser efectiva si el Ejecutivo se decide a aplicarla. Su materialización requiere un acuerdo con éste para que se pongan en movimiento los recursos financieros y los instrumentos legales que la hagan posible. Acuerdo que no va a respaldar. Aún más: tendremos una Asamblea Nacional acosada por el Ejecutivo.
La hostilidad demostrada por la cúpula chavista contra los diputados de la MUD evidencia que tal concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo no será posible. La élite del chavismo está promoviendo el enfrentamiento entre los poderes públicos, con tres protagonistas: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La alternativa —la prefiguró Ramos Allup— se reduce a dejar que el Gobierno Nacional continúe con sus planes y que la AN se dedique a exigir la rendición de cuentas a Maduro, sus ministros y colaboradores, y a someter a control un poder delegado, como es el Judicial. Por esta labor fiscalizadora y contralora será evaluada la bancada opositora.
Los diputados democráticos no se convirtieron en ministros alternos, ni Ramos Allup es el otro presidente de la República. A la oposición no le conviene crear una imagen distorsionada de sus posibilidades. La frustración podría arrastrarla y en vez de aparecer como opción de poder frente a la incompetencia oficial, podría ser víctima del desencanto de una gente a la que se le vendió el sueño de que todo podía mejorar por arte de magia a partir del 5-E.
@trinomarquezc
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