
VelΓ‘squez: Magistrados del TSJ violan la ConstituciΓ³n y golpean a la democracia
βSon absolutamente inconstitucionales las decisiones por encargo que saca el TSJ, por Γ³rdenes del EjecutivoβFoto Prensa La Causa R
El dirigente de La Causa R, AndrΓ©s VelΓ‘squez, fustigΓ³ las recientes decisiones tomadas por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la ConstituciΓ³n y las leyes venezolanas, refiriΓ©ndose a sentencias que restringen competencias a la Asamblea Nacional y a un reciente fallo que autoriza la solicitud de prΓ©stamos a nombre del Estado, sin la correspondiente autorizaciΓ³n del Parlamento.
El ex diputado asegurΓ³ que las sentencias e interpretaciones de la Sala Constitucional profundizan aΓΊn mΓ‘s los problemas generados por la falta de separaciΓ³n de poderes, lo que genera conflictos institucionales entre una Asamblea Nacional que procura el respeto a las leyes y poderes que le dan la espalda a legalidad.
βSon absolutamente inconstitucionales las decisiones por encargo que saca el TSJ, por Γ³rdenes del Ejecutivo nacional. Esta decisiΓ³n contraviene jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, con lo cual se sigue demostrando que las actuaciones de esta sala no se ajustan ni al espΓritu ni a los principios de nuestra Carta Magnaβ, manifestΓ³.
Dos casos
VelΓ‘squez rechazΓ³ la pretensiΓ³n de anular una decisiΓ³n de la Asamblea Nacional, que deja sin efecto por vicios de inconstitucionalidad la designaciΓ³n de magistrados del TSJ, realizada extemporΓ‘nea e irregularmente el pasado 23 diciembre.
βLa Asamblea estΓ‘ facultada, de acuerdo con el tutelaje de sus propios actos, a revisar sus propias decisiones cuando estas carezcan de la formalidad y constitucionalidad necesarias. Los magistrados del TSJ violan la ConstituciΓ³n y golpean a la democracia cuando impiden que el Parlamento cumpla con sus atribucionesβ, advirtiΓ³.
MΓS INFORMACIΓN
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El tambiΓ©n precandidato a la GobernaciΓ³n de BolΓvar seΓ±alΓ³ que es obligaciΓ³n del Parlamento subsanar las fallas mediante el nombramiento de un nuevo ComitΓ© de Postulaciones Judiciales, y correspondiente designaciΓ³n de nuevos magistrados que cumplan con todos los requisitos y formalidades exigidas por la ConstituciΓ³n y las leyes venezolanas, incluida la propia Ley Del Tribunal Supremo de Justicia.
βEn segundo lugar, rechazamos la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que autoriza al Banco Central de Venezuela a endeudarse. Esta decisiΓ³n contraviene jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, que en sentencia nΓΊmero 2.241, del 24 de septiembre del aΓ±o 2002, con ponencia del magistrado doctor JosΓ© Manuel Delgado Ocando, establece que no se podrΓ‘n realizar operaciones de crΓ©dito pΓΊblico sin la debida autorizaciΓ³n de la Asamblea Nacionalβ.
VelΓ‘squez explicΓ³ que mientras era diputado, en el periodo 2000-2005, introdujo una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad del ΓΊltimo pΓ‘rrafo del artΓculo 80 de la Ley OrgΓ‘nica de AdministraciΓ³n Financiera del Sector PΓΊblico, acciΓ³n que iniciΓ³ junto a los tambiΓ©n parlamentarios ElΓas Mata y Enrique MΓ‘rquez. En este caso, la ley permitΓa la suscripciΓ³n de prΓ©stamos sin que mediara la aprobaciΓ³n del Parlamento, lo que luego fue corregido.
βEsto fue el 25 de octubre del aΓ±o 2000, y la demanda fue declarada con lugar con sentencia favorable en septiembre del 2002. De manera que estos magistrados que hoy complacen a NicolΓ‘s Maduro, con sus inconstitucionales sentencias, siguen dejando en evidencia que la justicia en Venezuela estΓ‘ manipulada polΓticamente. Que se sacan sentencias por encargo y que estas actuaciones no contribuyen en nada a normalizar la vida institucional del paΓs, por el contrario agudiza mucho mΓ‘s el deterioro institucional que vive la patriaβ, sentenciΓ³.
Defensor del Pueblo: βLas OLP carecen de protocolo institucionalizado y ello opaca su radio de acciΓ³nβ
Una de las primeras actuaciones -y mΓ‘s cuestionables- de la OLP fue en la Cota 905, en Caracas, hace un aΓ±o
En entrevista a Correo del CaronΓ sobre la OLP, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoce que hay una dualidad sobre estos operativos: la necesidad de erradicar la violencia y la violaciΓ³n de derechos humanos en algunas de las incursiones. βLas incursiones solo han servido para robarnos, maltratarnos y dejarnos sin empleoβ, comenta un minero.
Paso abierto
a mercenarios
RocΓo San Miguel, presidenta de la asociaciΓ³n civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, comentΓ³ que el balance de la OLP a un aΓ±o de su puesta en rigor, βestΓ‘ a la vista de los ciudadanos: ha sido un fracaso. La OLP ha tomado vertientes peligrosasβ.
βHay denuncias de abusos en las operaciones, hurtos, robos, ejecuciones extrajudiciales. Y la apariciΓ³n de los mercenarios en Venezuela de la mano de la OLP. Lo interesante serΓa saber quΓ© beneficios estΓ‘n recibiendo para confirmar por completo ese papel, si acceden al motΓnβ, comentΓ³ la especialista en temas militares y de seguridad.
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Agosto, 2015. No fue el presidente NicolΓ‘s Maduro, ni el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo GonzΓ‘lez LΓ³pez: fue Diosdado Cabello, el entonces presidente de la Asamblea Nacional. Desde Ciudad BolΓvar, el hombre fuerte del PSUV anunciΓ³ en su programa de televisiΓ³n Con el Mazo Dando: βMe han instruido para la liberaciΓ³n del estado BolΓvar, de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que ademΓ‘s se llevan el oro de Venezuelaβ.
Desde el anuncio han ocurrido -que se sepa- nueve incursiones de la OperaciΓ³n de LiberaciΓ³n del Pueblo (OLP) en las zonas mineras del estado BolΓvar. La mΓ‘s reciente, en la mina Tierra Linda, en el Cerro El Cumi, en Upata, cuyo saldo oficial fue de dos abatidos.
βLas incursiones solo han servido para robarnos, maltratarnos y dejarnos sin empleo. En varias minas de Tumeremo vimos eso, luego la GNB y el EjΓ©rcito se quedaron en el lugar y muchas veces nos tocΓ³ pagarles para poder trabajarβ, comenta un minero del yacimiento Hoja de Lata II, en el municipio Sifontes.
El diputado por el estado BolΓvar, en la Asamblea Nacional (AN), AmΓ©rico De Grazia, recuerda que este nivel de violencia no es reciente. TambiΓ©n resalta que tanto la fiscal general, Luisa Ortega DΓaz, y el fiscal regional, Israel PΓ©rez, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el defensor regional, Orlando AlcalΓ‘, estΓ‘n al tanto.
βNo estamos hablando de secretosβ, dice el asambleΓsta. βLa OLP mata como lo hacΓa la banda de el Topoβ, es, sin vacilar, su gran conclusiΓ³n. Este grupo parapolicial es -oficialmente- seΓ±alado como el responsable material de la masacre de Tumeremo.
βYo lo que quiero es que este problema criminal se aclare. Yo soy guayanΓ©s y eso es algo que me afecta a mΓ y a mi entorno. La idea es que coloquemos un granito de arena para que esto mejore, y ponerle asΓ el cascabel al gatoβ, reiterΓ³ De Grazia.
Respuestas a medias
Por las protestas en la Troncal 10, en la vΓa a El Palmar, precisamente por un operativo de la OLP en una zona minera, el equipo reporteril de Correo del CaronΓ ha intentado comunicarse con representantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) sin obtener respuesta oficial o detalles de las incursiones.
Un funcionario de la RegiΓ³n EstratΓ©gica de Defensa Integral (REDI) de Guayana explicΓ³ que el ΓΊnico autorizado para hablar del tema es: el general de brigada JesΓΊs MarΓa Mantilla Oliveros (ZODI), pero para contactarlo se debΓa pasar por un proceso administrativo y protocolar, y luego esperar que este confirmara si deseaba conversar.
TambiΓ©n se intentΓ³ contactar al general de brigada Juvenal Villegas Torres (ZODI) y con el Comando de Zona nΓΊmero 62 de la GNB, pero han optado tambiΓ©n por el silencio.
El representante de la DefensorΓa del Pueblo en BolΓvar, Orlando AlcalΓ‘, sostuvo que la ΓΊnica denuncia que han recibido es por daΓ±os ambientales en la zona sur donde operan las minas. El fiscal superior del estado BolΓvar, Israel PΓ©rez, asegurΓ³ que actualmente tienen una denuncia en su despacho sobre un enfrentamiento, mas no especificΓ³ la zona ni otros detalles del reporte.
MΓ‘s irregularidades de la OLP
Emilitxa Herrera fue la encargada de denunciar ante los medios de comunicaciΓ³n y el resto de los organismos la muerte de su hermano, Emilio Herrera. El joven, de 22 aΓ±os, era un funcionario de la Guardia Nacional; fue abatido por el Cicpc el 8 de septiembre del 2015 en San FΓ©lix durante un operativo de la OLP.
10 meses despuΓ©s de su pΓ©rdida, estΓ‘ resignada: βEl caso sigue en veremos, porque no nos han dado respuesta de ningΓΊn tipoβ. βΒΏCΓ³mo se hace?... SΓ, asΓ estΓ‘n las cosas. AΓΊn tenemos muchas interrogantes y seguimos sin respuestasβ. La versiΓ³n oficial es que el hermano de la joven estaba involucrado en dos homicidios y tenΓan tiempo tras su pista.
Un breviario numΓ©rico de la OLP en Ciudad Guayana en 14 operativos durante 2015: siete en San FΓ©lix y siete en Puerto Ordaz; 10 acciones comando del Cicpc; tres por la GNB; y uno por la DivisiΓ³n de Inteligencia y Estrategia de la PolicΓa del estado BolΓvar (Diepeb); 25 apresados; 24 fallecidos.
Denuncias en el resto del paΓs
En otros estados la situaciΓ³n no es distinta. Caracas es donde mΓ‘s operativos y denuncias se han realizado por la actuaciΓ³n de los efectivos.
Un funcionario del Cicpc Caracas afirmΓ³ que la OLP ha sido un plan bueno: βHay quienes por razones polΓticas lo han satanizado. TambiΓ©n hay funcionarios que han excedido sus funciones. Hay muchas personas que vivΓan en zonas populares (barrios) que fueron desplazados por el hampa, por ser considerados informantes de los organismos de seguridad o por tener familiares en la PolicΓaβ.
En entrevista a Correo del CaronΓ, el defensor del Pueblo asegurΓ³ que βpor denuncias recibidas se infieren contradicciones y no hay consenso sobre la eficacia de la actuaciΓ³n de las OLP. Por un lado estΓ‘ el clamor de la sociedad por el combate contundente al hampa y por otro los resultados sin concretar estructuralmente en la erradicaciΓ³n del mismo. Hemos cuestionado que se hacen allanamientos sin orden judicial de forma masiva y privan de libertad arbitrariamente, ello afecta a comunidades de manera indiscriminadaβ.
- ΒΏCuΓ‘ntas denuncian han recibido por el presunto abuso por parte de los funcionarios?
- En la DefensorΓa se recibieron pocas denuncias sobre la actuaciΓ³n de las OLP. Percibimos que las comunidades como tal pudieran tener temor de hacerlo. Nosotros recibimos hasta la fecha aproximadamente unos 80 casos.
- ΒΏSe han realizado las investigaciones?
- En nuestro criterio investigativo es que las OLP no tienen un protocolo institucionalizado de actuaciΓ³n. El carecer de dicho protocolo hace opaco el radio de acciΓ³n de dichas OLP.
- ΒΏCree que la OLP sea la soluciΓ³n para disminuir los Γndices de inseguridad?
- Bajar los Γndices delictivos no puede estar dependiendo de los resultados de las OLP, en razΓ³n a que el tema de la delincuencia estΓ‘ relacionado a circunstancias estructurales de orden econΓ³mico, social y cultural cuya transformaciΓ³n pasa por largos procesos de maduraciΓ³n de la sociedad y de la propia comunidad en general.
- La OLP ya tiene un aΓ±o de vigencia: ΒΏviola los derechos humanos?
- Finalmente en la ejecuciΓ³n de la OLP lamentablemente hay funcionarios que abusan del poder y autoridad. Ello es una lamentable tradiciΓ³n latinoamericana que no hemos erradicado aΓΊn y es una deuda de nuestras democracias.
Por ejemplo: Han hecho desalojos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales. Esos excesos son violatorios DD HH que hemos condenado pΓΊblicamente. La DefensorΓa del Pueblo ha atendido y hecho seguimiento a varias denuncias de OLP. Incluso las remitimos al Ministerio PΓΊblico y al Ministerio de la Vivienda.
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