“¡No más dictadura!”, “¡no al imperialismo!”, gritaban este jueves en Caracas miles de opositores y chavistas durante manifestaciones convocadas en medio de una creciente tensión política.
Desde varios puntos, los adversarios del presidente socialista Nicolás Maduro marchaban hacia la principal autopista de la ciudad, a la altura del barrio acomodado de Altamira, donde montaban barricadas.
Lejos de allí, en el centro, los oficialistas se movilizaban desde la Plaza Morelos hacia la Asamblea legislativa -de mayoría opositora-, que no sesiona este jueves.
“Queremos sacar a Maduro, estamos cansados de esta dictadura, no tenemos miedo”, dijo a la AFP Yoleidy Rodríguez, estudiante universitario de 22 años.
Los opositores protestan contra sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con las cuales asumió brevemente, la semana pasada, los poderes del Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados.
Esos fallos, anulados parcialmente el sábado tras fuerte presión internacional, han impulsado a los detractores del gobierno a tratar de reconquistar la calle.
Apoyan un proceso iniciado el miércoles por el bloque opositor para destituir a los magistrados del TSJ -al que acusan de servir al gobierno-, pero que tiene escasas posibilidades de concretarse al depender de otras instituciones cercanas al chavismo.
“Estoy cansada, no consigo medicinas y sufro de la tensión. Mi sobrina de 32 años murió porque no consiguió la insulina. No aguantamos más”, declaró a la AFP Marlene Lujano, repostera de 57 años, con una pancarta que decía “no+dictadura”.
“No al imperialismo”
En tanto, los oficialistas protestan contra el “golpe parlamentario” que -alegan- quiere dar la Asamblea en su cruzada contra el TSJ.
Maduro acusa a la dirigencia opositora de querer “llenar las calles de sangre” para propiciar su derrocamiento, con ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA), que esa semana declaró una “grave” alteración del orden democrático en Venezuela.
“Vamos a enfrentar al imperialismo, a los grupos económicos que quieren tumbar al gobierno revolucionario”, dijo a la AFP Vismar Cifuentes, empleado público, durante la marcha que incluyó cánticos y palabras de un imitador del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
“Venimos para defender la patria y demostrarle a la oposición que ellos no mandan. Todas sus marchas son un fracaso”, señaló a la AFP Johanna Camacho junto a una pancarta en la que se leía: “No a la injerencia de (Luis) Almagro”, secretario general de la OEA.
Como ocurrió durante una protesta opositora el pasado martes, había fuerte presencia militar y policial, varias estaciones del metro fueron cerradas y en los accesos a la ciudad había puntos de control.
Las movilizaciones opositoras, que congregaron a cientos de miles entre septiembre y octubre de 2016, perdieron fuelle cuando la jefatura aceptó un diálogo con el gobierno, en el que no consiguió sus principales propósitos: un calendario electoral y liberar a opositores encarcelados.
La oposición congeló las conversaciones en diciembre.
El martes, una marcha que pretendía acompañar a los asambleístas al palacio legislativo fue dispersada por la policía y dejó, según la oposición, medio centenar de lesionados, uno de ellos de bala, y una docena de arrestos.
Algunos dirigentes proponen desviar la marcha de este jueves hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro, donde el gobierno impide cualquier movilización opositora. En esa zona, que el chavismo considera un bastión, se concentran los poderes públicos.
Olla de presión
Ante esa posibilidad, aumenta el riesgo de enfrentamientos.
Los hubo el miércoles en las ciudades de San Cristóbal, fronteriza con Colombia, y Valencia (norte), entre uniformados y estudiantes universitarios, dejando una treintena de heridos, según autoridades académicas.
Ahora, el centro de la protesta opositora es apoyar un proceso iniciado el miércoles en la cámara para destituir a los magistrados del TSJ.
Pero antes de que el Parlamento pueda actuar, el llamado Poder Moral debe certificar que los jueces cometieron una “falta grave”, algo improbable según analistas, pues sus integrantes -La Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo- son cercanas al gobierno.
Aun cuando la fiscal general, Luis Ortega, declaró la semana pasada que los dictámenes suponían una “ruptura del orden constitucional”, abriendo una fisura en el oficialismo, se requeriría un voto más para calificar la falta como grave.
De todos modos, “Maduro no puede decir ahora que está seguro de los apoyos que tiene, incluidas las Fuerzas Armadas”, declaró a la AFP el politólogo Luis Salamanca.
Por ello, el mandatario “no tiene interés” en elecciones este año, como exige la oposición, añadió.
Los comicios de gobernadores debieron realizarse en diciembre de 2016, pero fueron suspendidos y aún no tienen fecha. Los de alcaldes están pautados para este año y los presidenciales para diciembre de 2018. AFP
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