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Una municiΓ³n autopropulsada disparada a corta distancia por un presunto funcionario policial hacia la vivienda donde se encontraban Γscar PΓ©rez y sus acompaΓ±antes, fue la respuesta al grito de βhay heridos, no disparen, nos vamos a entregarβ que poco antes habΓa transmitido insistentemente por sus redes sociales el exfuncionario policial ante el personal que intervino en el operativo de bΓΊsqueda y captura que el Gobierno desplegΓ³ en su contra. No fue sino hasta el dΓa siguiente que el ministro de Interior y Justicia, NΓ©stor Reverol, confirmΓ³ que PΓ©rez y seis de sus compaΓ±eros murieron en el ataque, ademΓ‘s de dos βfuncionarios de seguridadβ. Caraota Investiga analiza aquΓ las circunstancias que rodearon estos hechos plagados, en opiniΓ³n de expertos, de irregularidades y violaciones a los derechos humanos.
La cotidianidad de los vecinos de la parroquia El Junquito, una zona situada al oeste de la capital venezolana, se rompiΓ³ al amanecer del lunes 15 de enero por el despliegue de un fuerte contingente de funcionarios policiales, sujetos irregulares armados y tanquetas militares que cerraron todos los accesos al sector.
ΒΏEl objetivo? En el interior de una desvencijada casa ubicada en la urbanizaciΓ³n Araguaney, se encontrarΓa el hombre mΓ‘s buscado por el rΓ©gimen y parte de sus acompaΓ±antes.
βLa fuga de informaciΓ³nβ sobre la ubicaciΓ³n del piloto y exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones CientΓficas, Penales y CriminalΓsticas (Cicpc), Γscar PΓ©rez, al decir de uno de sus compaΓ±eros de nombre Gregory, llevΓ³ a los organismos del Estado hasta la guarida de quien por mΓ‘s de siete meses se mantuvo en la clandestinidad.
El Gobierno puso precio a su cabeza luego de que en medio de las masivas protestas que se escenificaban en 2017 en todo el paΓs, tomara un helicΓ³ptero de la instituciΓ³n policial a la que pertenecΓa, sobrevolara la ciudad capital y lanzara unos artefactos explosivos β posiblemente bombas sonoras o granadas β en las vecindades del Tribunal Supremo de Justicia, mientras que uno de sus compaΓ±eros ondeaba una bandera con el mensaje β350 libertadβ, en alusiΓ³n a la aplicaciΓ³n del artΓculo 350 de la Carta Magna que otorga a los venezolanos el derecho a βdesconocer cualquier rΓ©gimen, legislaciΓ³n o autoridad que contrarΓe los valores, principios y garantΓas democrΓ‘ticos o menoscabe los Derechos Humanosβ.
A partir de ese martes 27 de junio de 2017 se iniciΓ³ una cacerΓa por parte del Gobierno venezolano para dar con el paradero y captura del efectivo policial y sus acompaΓ±antes, sin Γ©xito, hasta el pasado lunes.
Durante ese perΓodo no fueron pocos los videos con mensajes que el piloto difundiΓ³ a travΓ©s de sus redes sociales, en los cuales seΓ±alaba las razones de su rebeldΓa. Aun cuando se convirtiΓ³ en el hombre mΓ‘s buscado por el rΓ©gimen chavista, llegΓ³ a acompaΓ±ar y a retratarse con grupos de manifestantes en las distintas protestas que tenΓan lugar en el paΓs. βNos acogemos al artΓculo 333 y 350 de la Carta Magna. Queremos aclarar que la maniobra hecha el 27 de junio fue lograda a la perfecciΓ³n en una primera faseβ, dijo el piloto desde una concentraciΓ³n en Altamira la noche del 13 de julio.
AllΓ aprovechΓ³ para enviarle un ultimΓ‘tum al rΓ©gimen. βEs hora de que este narcogobierno caiga. El 18 de julio, un trancazo general, nacional, sin retorno. La consulta popular (que se realizarΓa el 16 de julio en rechazo a la instalaciΓ³n de la Asamblea Nacional Constituyente) se harΓ‘. Estaremos en las calles defendiendo al puebloβ, dijo. A partir de entonces, el paΓs deshojΓ³ la margarita. Un sector de los venezolanos vieron en PΓ©rez y su movimiento la esperanza de βacabar con el rΓ©gimenβ, mientras que otra parte de la poblaciΓ³n le considerΓ³ un nuevo βmontaje del Gobiernoβ para cazar disidentes, disyuntiva que fue despejada luego que el Gobierno lo aniquilara al igual que otros seis acompaΓ±antes durante un operativo plagado de irregularidades.
PΓ©rez fue noticia nuevamente el 18 de diciembre pasado, al atribuirse bajo la ejecuciΓ³n de una operaciΓ³n llamada GΓ©nesis, el asalto y robo de armas en el comando de la Guardia Nacional ubicado en San Pedro de Los Altos, una zona cercana a Los Teques, la capital del estado Miranda. En esa ocasiΓ³n, les exigiΓ³ a los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales restituir la institucionalidad del paΓs por medio de la aplicaciΓ³n del artΓculo 328 de la Carta Magna e instaurar un gobierno de transiciΓ³n.
Posteriormente, el pasado martes nueve de enero, el inspector policial grabΓ³ para el canal de noticias internacional CNN una entrevista que no se transmitiΓ³ sino hasta el viernes 12. HabrΓa sido el piloto el que, por βmedidas de seguridadβ, solicitΓ³ que no fuera transmitida al dΓa siguiente, segΓΊn lo previsto. Luego, el canal estadounidense tendrΓa otras pautas que atender, por lo que tampoco saliΓ³ al aire el jueves.
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Un amigo cercano a PΓ©rez que sΓ³lo se identificΓ³ como Gregory, entrevistado por CNNla misma noche en que sucedieron los hechos, explicΓ³ que para el momento en que se grabΓ³ la entrevista con el piloto, ya se tenΓa la sospecha de que algo no estaba bien y por ello sugirieron el cambio en la fecha de emisiΓ³n.
βHubo una fuga de informaciΓ³n porque Γscar confiΓ³ en alguien que no debiΓ³ confiar y cometiΓ³ un error, lo cual se paga caro. Pero esos errores lo cometen los valientesβ, dijo.
Tres dΓas despuΓ©s de que la entrevista saliera al aire, la opiniΓ³n pΓΊblica nacional e internacional fue sorprendida con un operativo policial que tuvo la peculiaridad de haber sido transmitido prΓ‘cticamente en tiempo real a travΓ©s de las redes sociales. Pero ΒΏquΓ© revelan los videos y sonidos captados durante esas largas horas?
El dΓa final
La forma como se dio a conocer Γscar PΓ©rez ante la sociedad venezolana contiene todos los elementos de un guion cinematogrΓ‘fico. Desde que dejΓ³ al desnudo las vulnerabilidades de seguridad al sobrevolar la capital a sus anchas, hasta el momento en que el operativo dirigido desde el alto Gobierno acabΓ³ con su vida, se ocupΓ³ de documentar los βmotivos de luchaβ en numerosos videos que fueron masivamente replicados por sus seguidores en las redes sociales en el paΓs.
Sus ΓΊltimas horas de vida no fueron distintas, con el aΓ±adido de que esta vez sus registros y aquellos que fueron difundidos por los que actuaron en el operativo, evidencian una serie de hechos violatorios de los derechos humanos, ademΓ‘s de graves irregularidades, que, segΓΊn los expertos, le confieren a su muerte y a la de sus compaΓ±eros el carΓ‘cter de βejecuciΓ³n extrajudicial y masacreβ.
Este es el lugar donde se escondΓa Γscar PΓ©rez, en la urbanizaciΓ³n Araguaney de El Junquito
βLas negociacionesβ
En los primeros videos difundidos ese dΓa, el ex funcionario de la policΓa cientΓfica alertΓ³ que como consecuencia de una fuga de informaciΓ³n βfueron sitiadosβ en el lugar donde se escondΓan. Estos registros recogen parte de las conversaciones que Γ©l y el funcionario a cargo de la negociaciΓ³n, al que llamΓ³ βmayorβ β presuntamente por su rango militar β mantuvieron para formalizar su entrega y la de sus compaΓ±eros.
βMira Γscar, voy a llamar por radio aquΓ porque no quiero que suba nadie mΓ‘s, no quiero guardias, no quiero a nadie mΓ‘s. Voy a permitir sΓ³lo Ministerio PΓΊblico, periodistas y nosotros, nadie mΓ‘sβ, dijo el negociador. βSomos nosotros, podemos hacer el cambio, mayorβ le respondiΓ³ PΓ©rez. βNosotros no somos delincuentes, somos patriotas que estamos luchando por una convicciΓ³n de vidaβ, completΓ³.
MΓ‘s adelante, el βmayorβ le explica al piloto cuΓ‘l es su objetivo:
βOjo, ahorita estaba hablando con Pimentel y se extraΓ±Γ³, le dije que la orden del presidente (NicolΓ‘s Maduro) es resguardarles la vida, es por eso que no quiero violencia (β¦) el Baes (Brigada AntiextorsiΓ³n y Secuestro) todo eso es una familia, vinimos a cumplir una orden y aquΓ estamos (β¦) por eso me acerquΓ© a la puerta arriesgando mi vida, asΓ como me viste, es a dialogar, porque esa es la ΓΊnica manera de transformar estoβ.
NegociaciΓ³n de Γscar PΓ©rez con el βmayorβ. Video cortesΓa.
Ambas partes acordaron sin atisbo alguno de violencia, cΓ³mo ponerle punto final a aquella situaciΓ³n y llevar a cabo la rendiciΓ³n y entrega. PΓ©rez asegurΓ³ al funcionario que en su βequipoβ no habΓa heridos.
Poco despuΓ©s, serΓa otro el escenario. Versiones extraoficiales afirman que un tercer grupo, actuando en contra de la orden presidencial expresada por el βmayorβ, habrΓa intervenido violentamente en la operaciΓ³n que derivΓ³ en el cruento desenlace. Esta versiΓ³n narrada por fuentes familiarizadas con el caso a Caraota Investiga, coincide con el recuento que describiΓ³ el amigo cercano de Γscar PΓ©rez, llamado Gregory en la entrevista ofrecida desde la clandestinidad a CNN.
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βEstuvimos en constante comunicaciΓ³n desde las seis de la maΓ±ana que (Γscar PΓ©rez) nos dijo que estaban siendo sitiados (β¦). En todo momento estuvo solicitando apoyo del pueblo de Venezuela, que esta es una lucha de todos y para todos, porque el peligro que se corrΓa era inminente ya que en medio de la negociaciΓ³n, el equipo en todo momento hablΓ³ de una rendiciΓ³n. No hubo actitud agresiva, no hubo ningΓΊn tipo de agresiΓ³n hacia los funcionarios que se encontraban en primer momento. Simplemente no se pudo. DespuΓ©s llegaron y cambiaron todos los componentes que se encontraban en ese momento y simplemente la orden fue matarβ.
DespuΓ©s, el bombardeo
No estΓ‘ claro quΓ© ocurriΓ³ entre el momento en el que PΓ©rez negociaba su entrega y la de sus compaΓ±eros y la apariciΓ³n del piloto en una serie de videos, herido, explicando que ellos no serΓan los que estaban disparando y clamando por el cese al fuego en evidente disposiciΓ³n de entregarse a las autoridades
Por otro lado y en medio de la incertidumbre, sΓ³lo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello ofrecΓa a travΓ©s de su cuenta de Twitter la versiΓ³n oficial de los hechos. EscribiΓ³ a eso de las 10 de la maΓ±ana que βel terrorista Γscar PΓ©rez, atacΓ³ a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuegoβ.
El ataque al lugar donde permanecΓan el exfuncionario de la policΓa cientΓfica y sus compaΓ±eros, ademΓ‘s de βmujeres y niΓ±osβ segΓΊn su testimonio, fue dirigido desde sectores cercanos a la vivienda y tambiΓ©n desde las azoteas de las casas prΓ³ximas al lugar. Las detonaciones provenientes de armas de distintas potencias que se escuchan en los registros de audios y videos recogidos durante el ataque es de tal magnitud, que harΓan imposible pensar en un resultado distinto a la masacre de las personas que se encontraban en la vivienda, tal como mostraron las fotos y videos que se filtraron a la opiniΓ³n pΓΊblica.
Γscar PΓ©rez advierte que hay mujeres y niΓ±os y pide el cese al fuego. CortesΓa
Uno de los videos recoge el momento en el que un supuesto funcionario acciona un arma y dispara un cohete justo a la habitaciΓ³n en la que se encontraba PΓ©rez y sus compaΓ±eros. No se tratΓ³ de una acciΓ³n disuasiva. βAllΓ, apunta a la cortinita azulβ, se le escucha decir a uno de los participantes en la operaciΓ³n, en referencia al lugar de la vivienda donde se encontraba el grupo.
Video en el que un individuo dispara un cohete hacia el lugar en que se refugiaba Γscar PΓ©rez y sus acompaΓ±antes. CortesΓa
La presidenta de la ONG Control Ciudadano y experta en materia militar, RocΓo San Miguel, afirma que esta municiΓ³n autopropulsada, como etimolΓ³gicamente corresponde llamar a este tipo de armas, era βun lanzagranadas antitanque RPG-7 ruso de la FANβ. El video evidencia que al momento de emplear este armamento no existΓa intercambio de disparos, por lo que es claro que el objetivo al usar un arma de guerra era matar a PΓ©rez y a sus acompaΓ±antes.
Un oficial del EjΓ©rcito venezolano consultado para esta investigaciΓ³n, sostiene que no estarΓa tan claro que se tratase de ese tipo de lanzagranadas, pero en lo que no tiene dudas es en que no existe protocolo alguno que justifique el uso de ese armamento por parte de civiles (entendiendo que los funcionarios policiales son civiles especializados en la seguridad pΓΊblica) y menos contra ciudadanos que ya habΓan manifestado su voluntad de entregarse. ResaltΓ³, ademΓ‘s, la forma como desde las vocerΓas gubernamentales se manipula el concepto de guerra, para justificar este tipo de acciones violatorias de los derechos civiles.
βEs un error afirmar que las acciones de Γscar PΓ©rez son actos de guerra. Los actos de guerra sΓ³lo se dan entre Estadosβ, comentΓ³ un oficial del EjΓ©rcito venezolano consultado para este trabajo y que prefiriΓ³ mantener su nombre en reserva. βPor otra parte, lo que se observa en ese video puede ser un cohete, pero lo llamativo aquΓ es que hayan destruido el lugar. Ellos saben muy bien que con el uso de un espectrΓ³grafo se puede determinar quΓ© lanzaron, por ello deben destruir y desaparecer esos escombros y sacarlos de allΓ, porque con este instrumento se puede estudiar las partΓculas de polvo y estas hablarΓ‘n: dirΓ‘n si el tipo de carga de proyecciΓ³n cΓ³nica es de un determinado porcentaje, que segΓΊn la patente mundial de armas corresponde a un RPG o una AT4, por ejemploβ.
La intenciΓ³n de alterar o eliminar cualquier atisbo de evidencia que pudiera esclarecer lo ocurrido durante el operativo no parece ser parte de la agenda oficial. El periodista Luis Gonzalo PΓ©rez reportΓ³ este miΓ©rcoles que a eso de las tres de la tarde, un tractor con pala fue trasladado hasta el lugar de los hechos, escoltado por miembros de la Guardia Nacional.
El experto militar apunta, ademΓ‘s, otros datos reveladores. βVamos a partir de los hechos: alguien lanzΓ³ algo contra la instalaciΓ³n y ese algo la impactΓ³, tumbΓ³ la pared y gran parte de la estructura. Esto quiere decir que lo que lanzaron tenΓa un efecto penetrante de alto nivel. Por las Tablas de OrganizaciΓ³n y Equipo (TOE) de las fuerzas de seguridad civiles del mundo, no existe, repito, no existe ese tipo de sistemas de armas para combatir el delito civil. Estas armas sΓ³lo son usadas por unidades militares en caso de guerra. Esto se trata de un delito de lesa humanidadβ.
Hay otros detalles sobre el lugar de los hechos, a decir del experto. βSi se mira con detenimiento la foto que se filtrΓ³ en la que yace muerto Γscar PΓ©rez, se puede notar que la mitad de su cuerpo quedΓ³ debajo de los escombros, posiblemente producto de la explosiΓ³n; sin embargo, tiene el arma consigo. Me inclino a pensar que la explosiΓ³n le aturdiΓ³ y que lo que realmente lo mata es una posible ejecuciΓ³n posteriorβ, concluyΓ³.
Esta hipΓ³tesis podrΓa cobrar fuerza. En otro pasaje audiovisual, una mujer narra el momento en el que los miembros del operativo penetran la vivienda. βLo volaronβ, es el tΓ©rmino que usa. Luego, rΓ‘fagas de ametralladoras de hasta 14 segundos de duraciΓ³n precedieron el silencio de la muerte.
Sin embargo, no parece ser la opiniΓ³n del Gobierno. βEl proceder de los organismos de seguridad del Estado se enmarcan en los criterios universalmente reconocidos para la actuaciΓ³n ante situaciones similares que atentan contra la paz social y vulneran la seguridad pΓΊblicaβ, afirmΓ³ el ministro Reverol en la rueda de prensa ofrecida un dΓa despuΓ©s de los sucesos.
El pronunciamiento del ministro Bernal y el testimonio ofrecido por el amigo cercano de PΓ©rez a CNN, dan certeza de la intervenciΓ³n de grupos irregulares armados o paramilitares en el operativo, enmarcados en el concepto de βcolectivosβ. SegΓΊn la opiniΓ³n del experto, βla presencia de estos sujetos conforma una circunstancia agravante al delito principal, que es haber cometido un homicidio con arma de guerra. El verdadero delito es matar a alguien con un arma de guerra, segΓΊn el CΓ³digo de Justicia Militarβ. AdemΓ‘s del uso de este tipo de armas de fuego, el Gobierno enviΓ³ dos tanques al refugio donde se encontraban PΓ©rez y sus acompaΓ±antes.
ΒΏPena de muerte en Venezuela?
El artΓculo 43 de la Carta Magna no deja dudas sobre la obligaciΓ³n del Estado de preservarle la vida a los ciudadanos asΓ estos hayan cometido delitos. βEl derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrΓ‘ establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla (β¦)β, reza la ley. Pero otra cosa es lo que parece ocurrir en el paΓs.
βEn Venezuela no existe pena de muerte y estamos obligados a respetar nuestra Carta Magna, sobretodo el ministro Reverol que se juramentΓ³ ante ella. El artΓculo 43 es muy claro, la vida es inviolable. El Estado tiene la obligaciΓ³n de proteger incluso a los privados de libertadβ, comenta a Caraota Investiga Rafael NarvΓ‘ez, abogado y coordinador de la AsociaciΓ³n Civil Defensa por los Derechos Civiles.
Explica el letrado que existen en estos casos dos instituciones que las leyes obligan a actuar: el Ministerio PΓΊblico y la DefensorΓa del Pueblo. βCuando un individuo prisionero de guerra o estando en guerra solicita entregarse como ser humano, el deber ser en materia de derechos humanos es que estas garanticen la protecciΓ³n de su vida. AdemΓ‘s de ello, estΓ‘n obligadas a observar el procedimiento que se estΓ‘ ejecutando en ese momento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la legalidad del mismoβ, explicΓ³.
Es en todo caso, lo que rezan los principios de resoluciΓ³n de conflictos armados. βSi alguien se estΓ‘ rindiendo, estas instituciones deben estar presentes para servir de mediadores y garantizarles la vida. Incluso en un conflicto armado si un individuo ya calificado a priori como terrorista depone las armas β y hay pruebas documentales pΓΊblicas que confirman esto, vΓ‘lidas dentro del derecho penal β entonces el fiscal (del Ministerio PΓΊblico) estΓ‘ obligado a monitorear lo relativo a la investigaciΓ³n penal y debe hacerlo de oficioβ, recalcΓ³. βUn fiscal ha debido presentarse allΓ para hablar con la comisiΓ³n policial y entonces expresarse como mediador para garantizar la vida y la aprehensiΓ³n del individuo porque este cometiΓ³ delitosβ.
La preocupaciΓ³n de NarvΓ‘ez no queda sΓ³lo en lo ocurrido el pasado lunes. El problema es mucho mΓ‘s grave. βEl Estado desapareciΓ³ en materia de garantΓa y legalidad y por supuesto en materia de derechos humanos. El peligro de esto es que se imponga la cultura de la muerte. Los casos de Tumeremo, Barlovento, las conocidas como OperaciΓ³n de LiberaciΓ³n y ProtecciΓ³n del Pueblo (OLP) o los linchamientos conforman esa cultura, que tienen lugar cuando el Estado desaparece en materia de protecciΓ³n de los derechos humanos. Si estos no se protegen se estΓ‘ dando luz verde al hampa para que asesine, secuestre o mate y si se denuncia tampoco se encuentra al victimario en una audiencia de presentaciΓ³nβ.
AdemΓ‘s de la transgresiΓ³n a la ConstituciΓ³n venezolana, el CΓ³digo de Justicia Militar y las leyes, tambiΓ©n fueron quebrantados los tratados internacionales que la NaciΓ³n ha suscrito. La DeclaraciΓ³n Universal de los Derechos Humanos de la OrganizaciΓ³n de las Naciones Unidas, la ConvenciΓ³n Americana sobre Derechos Humanos, los estatutos de Tribunal Militar internacional de Nuremberg o aquellos contemplados en el marco de la Corte Penal Internacional, no fueron respetados durante ni despuΓ©s del operativo de bΓΊsqueda y captura de PΓ©rez.
NarvΓ‘ez recalca ademΓ‘s dos elementos que inciden negativamente en la protecciΓ³n de los derechos humanos y que ya ha cobrado vΓctimas. βLa perpetuaciΓ³n de un estado de excepciΓ³n en el paΓs y la vigencia de la resoluciΓ³n 8610 son tambiΓ©n responsables de estos hechosβ.
ResoluciΓ³n 8610, como el caso de FabiΓ‘n Urbina, cobra otras siete vidas
Ya el pasado 22 de junio, Caraota Investiga resaltΓ³ las consecuencias del articulado puesto en vigencia el 27 de enero de 2015 que confiere carΓ‘cter legal al uso de armas de fuego en manifestaciones. Una vΓctima de ella fue el joven FabiΓ‘n Urbina, asesinado durante las manifestaciones que se generaron en el paΓs el pasado aΓ±o en rechazo al rΓ©gimen chavista.
Esta resoluciΓ³n contenida en la Gaceta Oficial NΒ° 40.589 norma sobre βla actuaciΓ³n de la Fuerza Armada Nacional en funciones de control del orden pΓΊblico de manifestaciones pΓΊblicas, la paz social y convivencia ciudadana en reuniones pΓΊblicas y manifestacionesβ, conocidas en la resoluciΓ³n NΒ° 8.610 del Ministerio de la Defensa.
El controversial dictamen es contrario al espΓritu del artΓculo 68 de la ConstituciΓ³n Nacional al justificar el uso de la fuerza en βmanifestaciones pacΓficasβ. Por ello, el abogado JosΓ© Ignacio HernΓ‘ndez advertΓa en aquella oportunidad que una βlectura literalβ de la mencionada norma podrΓa llevar a la conclusiΓ³n de que la βfuerza puede ser empleada contra manifestantes pacΓficos o para dispersar protestas pacΓficas, lo cual serΓa una clara violaciΓ³n a los derechos humanosβ.
En todo caso, la resoluciΓ³n firmada por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino LΓ³pez, cubre con un velo de βlegalidadβ la actuaciΓ³n de efectivos militares en βmanifestaciones pacΓficasβ al permitir el βuso de agentes quΓmicos y armas de fuego de acuerdo con el principio de proporcionalidadβ, de acuerdo con su artΓculo 15. Para HernΓ‘ndez, βhay algo todavΓa mΓ‘s graveβ en el dictamen del ministro y es el artΓculo 24, el cual permite βcomo medida de ΓΊltimo recurso, el uso de armas de fuego, estableciendo un conjunto de condiciones para restringir su uso, norma claramente violatoria de la ConstituciΓ³nβ.
Para el abogado Rafael NarvΓ‘ez, βesta resoluciΓ³n y el perpetuo estado de excepciΓ³n tienen tambiΓ©n una importante incidencia en el fatal resultado que dejΓ³ la aplicaciΓ³n del operativo para capturar a Γscar PΓ©rezβ.
Sin derecho a honrar a los βidosβ
Poco despuΓ©s de culminar el operativo que dejΓ³ como saldo nueve muertos β PΓ©rez y seis de sus compaΓ±eros, ademΓ‘s de dos supuestos miembros de las βfuerzas de seguridadβ β el presidente Maduro acudiΓ³ a la Asamblea Nacional Constituyente para presentar su informe de gestiΓ³n anual. SΓ³lo una breve referencia hizo a los hechos ocurridos ese dΓa en El Junquito.
Ya en horas de la tarde, los cuerpos fueron reunidos y trasladados al hospital Miguel PΓ©rez CarreΓ±o. Cerca de las 10 de la noche, los restos del piloto ingresaron a la morgue de Bello Monte, segΓΊn informΓ³ una fuente forense a Caraota Investiga. βEl cuerpo presentaba mΓΊltiples orificios de bala, estaba masacrado y tenΓa un tiro de gracia. Un hermano del funcionario se presentΓ³ la maΓ±ana del martes y no le permitieron retirarlo, ni siquiera verlo. La orden es cremar el cuerpoβ. Asimismo, los cuerpos de seguridad establecieron un fuerte cerco en los alrededores del lugar que impidiΓ³ el acceso a los medios de comunicaciΓ³n.
Las fuentes consultadas informaron tambiΓ©n que los cuerpos de las personas asesinadas durante el operativo βlos dejaron en una sala sin aire para acelerar la descomposiciΓ³nβ. Sin embargo, el estado en que se encuentren los cuerpos no justifica la cremaciΓ³n, mucho menos cuando los familiares se encuentran a la espera de su entrega. βEs una prΓ‘ctica comΓΊn entregar a los familiares los cuerpos, como sea que estos se encuentren. Un caso, por ejemplo, como el de la muchacha asesinada por Chirinos(en alusiΓ³n al caso del psiquiatra Edmundo Chirinos, que asesinΓ³ a una paciente), su cuerpo fue hallado en muy avanzado estado de descomposiciΓ³n y aun asΓ se le entregΓ³ a sus deudos, como tantos otrosβ, recordΓ³.
De ser este el caso, el protocolo forense exige practicar el reconocimiento e identificaciΓ³n antropolΓ³gico y odontolΓ³gico en caso de que los cadΓ‘veres estΓ©n irreconocibles y luego se procede a la entrega. βNo se justifica la cremaciΓ³n y mucho menos cuando sus familiares no lo quieren asΓβ. AdemΓ‘s, la fuente se plantea la interrogante que surge ante estos hechos: ΒΏCΓ³mo se explica al mundo que un cadΓ‘ver se descomponga en una morgue, cΓ³mo se explica entonces las condiciones en las que opera esta instalaciΓ³n?β, afirmΓ³.
El aval legal sobre lo expresado por esta fuente existe. βLa cremaciΓ³n no forma parte del protocolo forense cuando se registra una muerte que no es en condiciones naturales, ademΓ‘s que no estΓ‘ autorizada por los deudos. Por lo tanto, el correcto proceder es la entrega del cadΓ‘ver y posteriormente la exhumaciΓ³n de este para reiniciar la investigaciΓ³nβ, explicΓ³ NarvΓ‘ez.
El saldo que dejΓ³ el operativo ejecutado por el Gobierno para la bΓΊsqueda y captura de PΓ©rez, en el que se usaron armas de guerra una vez el grupo habΓa negociado su rendiciΓ³n y entrega, es de siete personas asesinadas: Γscar Alberto PΓ©rez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, JosΓ© Alejandro DΓaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos y Lisbeth RamΓrez Montilla. Los detenidos son Jonaldy DeyΓ³n GonzΓ‘lez, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva MarΓa Lugo, Laura Vanessa RuΓz Lugo, Antonio JosΓ© PΓ©rez Cisneros y William Alberto Aguado Sequera. Dos individuos que atacaron el lugar tambiΓ©n perdieron la vida.
Diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del paΓs, como tambiΓ©n organismos internacionales, ya han elevado la voz exigiendo una investigaciΓ³n penal e independiente de los hechos que ocurrieron ese lunes 15 de enero, en lo que se ha dado a llamar βla masacre de El Junquitoβ.
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