La justicia castrense señala de traición a la patria e instigación a la rebelión a 3 militares retirados, 6 activos y un académico, todos fueron detenidos entre el 12 de enero y el 23 de febrero, y sus abogados develan vicios del proceso pena
"Voy a delegar la batalla contra el golpe de Estado en un comando especial antigolpe, por la paz y la soberanía que se dedique las 24 horas del día a tomar las medidas preventivas, legales y correctivas contra todos los sectores golpistas y terroristas a nivel interno", anunció el presidente Nicolás Maduro a principios de 2017.
Las amenazas contra el orden establecido generaron la creación del Comando Nacional Antigolpe el martes 10 de enero de este año. Durante la instalación del organismo, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, poco antes de partir para Nicaragua, Maduro ordenó que no quedaran impunes los desacatos a la Constitución.
Horas después de la juramentación de sus miembros, el comando develó un supuesto plan golpista que ha generado la detención de militares y civiles. La primera tarea pública fue el allanamiento de la vivienda del general en Jefe retirado Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa, en Maracay. A las seis de la tarde, del mismo 10 de enero, una comisión del Sebin llegó cuando el oficial participaba en una reunión de condominio dentro de la urbanización Villas de Aragua.
Los funcionarios llevaban consigo una orden clara: incautar armamento, municiones, material de guerra, fotografías, teléfonos móviles o fijos, computadoras personales o agendas que fuesen de propiedad o uso del oficial retirado, así como cualquier otra evidencia conspirativa.
La solicitud escrita de la diligencia fue registrada en el oficio 415, con fecha del 10 de enero, en un oficio suscrito por el general de División (Ej.) Iván Rafael Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar, y ordenada por el Tribunal IV de Control Militar con sede en Macuto. Según narró el abogado Omar Mora Tosta, defensor de Baduel, en el documento se expuso que la investigación surgió de las reuniones que se habrían realizado en la casa del ex ministro desde el dos hasta el cuatro de enero de este año, en las que habrían participado periodistas de diferentes medios y se habría observado varios cargos de los que hubo un supuesto descargo de armamento.
El 12 de enero, Baduel acudió a su presentación periódica ante el tribunal, medida que fue impuesta cuando se le otorgó la libertad condicional en agosto de 2015. El general esperaba se cumpliera el lapso para recuperar su libertad plena tras acatar una sentencia de 7 años y 11meses por sustracción de dinero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra el decoro militar y abuso de poder.
Sin embargo, ese mismo día fue informado de su regreso a su antigua celda en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenopramil).
"Desde el allanamiento el 10 de enero se sabían los delitos nuevos: traición a la patria e instigación a la rebelión, pero el dos de marzo se acordó el traslado para imputar los nuevos delitos. La detención fue el 12 de enero, cuando fue llevado al Tribunal Militar Primero de Control, a cargo de la juez Claudia Carolina Pérez de Mogollón que había sido una de las jueces de ejecución de su primer caso. Hubo varias recusaciones y solicitudes de inhibición, pero la juez continuó con la audiencia. Cuando Baduel se presentó voluntariamente al tribunal de ejecución comisionado en Maracay, le notifican que había una orden de aprehensión, él accede a ir al tribunal pero es llevado bajo engaño a Ramo Verde, y nunca presentado en el tribunal", aseveró Mora Tosta.
Añadió que el ex ministro fue ingresado al penal castrense sin la orden del tribunal y sometido a aislamiento en una celda de castigo. Baduel fue trasladado en short y franela al tribunal, el dos de marzo, cuando se disponía a hacer su rutina de ejercicios, e impuesto de los nuevos cargos. Los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión conllevan penas de entre 25 y 30 años de prisión.
Según el artículo 465, ordinal 5, del Código Orgánico de Justicia Militar; la traición a la patria, "por "intentar por motivos violentos cambiar la forma republicana de la nación"; tiene como penas accesorias la degradación y la expulsión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Los delitos señalados contra Baduel también fueron atribuidos, en la causa que lleva el Tribu nal Primero de Control Militar de Caracas, al general de Brigada retirado Ramón Antonio Lozada Saavedra, y el sargento mayor (r) Noel Romero Lugo. El proceso incluye a militares activos: el teniente coronel Carlos Enrique Viana Sosa y los sargentos primeros Jairo Ely Villegas Moreno, Javier Rafael Peña, Feydi Rafael Montero; Juan Francisco Díaz Castillo; Yecson Enrique Lozada Matute y Rubén Augusto Bermúdez Oviedo; según se registró en la página Web http://corte-marcial.tsj.gob.ve/DECISIONES, y difundió el diario Ultimas Noticias el 23 de febrero.
La mayoría de los uniformados está detenido, al igual que el profesor universitario Santiago Guevara, excepto el teniente coronel Viana Sosa quien es juzgado en libertad.
CONSPIRACIÓN
El ministro de Interior y Justicia, mayor general Néstor Reverol Torres, dijo que la medida de libertad condicional del general en Jefe (r) Raúl Isaías Baduel fue revocada tras haberla violentado. Aseveró que durante el allanamiento a la vivienda del oficial se hallaron pruebas de interés criminalístico, que lo vinculaban con "actividades conspiradoras".
El ministro señaló que con la detención del diputado Gilber Caro (Voluntad Popular), el 12 de enero, se develó un "plan terrorista desestabilizador".
EL PLAN
De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales castrenses Yusnagry Pérez Márquez y Jean Latozefsky Rojas, ambos tenientes de fragata, los militares se habrían reunido ente el 19 y el 26 de diciembre de 2016 en un lugar adyacente a la Comandancia general de PoliAragua para fraguar un asalto a la compañía 4209 de Francotiradores Capitán Fernando Crespo y apropiarse de 52 fusiles rusos Dragunov, 312 cargadores de estos fusiles, 3.200 cartuchos calibre 7,62 X54mm y 20 pistolas calibre 9 mm. Señaló el Ministerio Público que se habría fraguado "un golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro, con mayor apoyo y poder de fuego en Caracas, Bolívar, Carabobo y Zulia".
Dentro del plan, según el documento presentado ante el tribunal militar, se buscaría fijar un anillo de seguridad en principio conformado por 30 hombres armados "con la finalidad de la protección del `papa’ alias referido al general Baduel".
"El general Baduel es la ficha repetida en las acusaciones de todos los golpes. Desde Chávez hasta Maduro no le perdonan su resistencia pública al socialismo, al castro comunismo en el país y a la reforma constitucional de 2007. No ha habido ninguna reunión, el general sería tonto para conspirar cuando en este mes de marzo obtendría la libertad plena, ha cumplido todas las normas de la libertad condicional.
En el allanamiento no se encontró nada, solo se llevaron la laptop donde los niños hacen las tareas, un CPU dañado y un cargador con 27 proyectiles, pero eso es normal tratándose de un ex ministro de la Defensa", argumentó el abogado Omar Mora Tosta.
El defensor indicó que el proceso contra Baduel está en la fase de investigación y, desde el 3 de marzo, corren los 45 días para presentar los actos conclusivos, que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, en abril. "Con la causa principal de 2007 a Baduel se le inhabilitó políticamente, pero con esta segunda causa buscan darle una pena de muerte anticipada porque ya es un hombre de la tercera edad. El problema es que comienzan la casa por el techo, acusan y después investigan. Es muy grave que se emplee la justicia militar, cuya cabeza es el Presidente de la República, que como comandante en Jefe de la Fuerza Armada ordena las investigaciones, para criminalizar a la disidencia", subrayó el abogado.
EL DATO
En enero de este año, el Tribunal Militar segundo Accidental de Maracay condenó a 4 militares y 4 civiles por su presunta participación en el Golpe Azul, por los delitos de rebelión y contra el decoro militar, que fuera denunciado por el presidente Nicolás Maduro en febrero de 2015.
Los sentenciados fueron el primer teniente Ricardo José Antich, el primer teniente Luis Lugo, el teniente Peter Alexander Moreno, el primer teniente Carlos Esqueda y el primer teniente Henry Salazar. La decisión también recayó sobre el taxista Pedro Maury, el carpintero Jesús Salazar y el TSU en Ciencias Fiscales Luis Rafael Colmenares.
EXPEDIENTE LIMITADO
Yasnaia Villalobos, abogada del general Ramón (GNB) Antonio Lozada Saavedra, rechazó las acusaciones contra el oficial. Aseguró que "es un señor de dilatada moral y formación académica, licenciado en artes militares y biólogo con una vasta preparación y desempeño en diferentes cargos. El hecho de que haya elevado sus opiniones no es bien visto".
Añadió que Lozada Saavedra, recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde el 24 de enero, fungió como director de Recursos Humanos del Ministerio de la Defensa cuando Baduel fue el titular castrense. Indicó que el único delito del oficial, que pasó a retiro en 2007, es su cercanía al ex ministro y su solidaridad con la familia, así como a sus asesorías técnicas a la MUD relacionadas con su profesión de biólogo marino.
La abogada fue informada de que la Fiscalía presentó la acusación el 9 de marzo, pero hasta el cierre de este trabajo, el tribunal no había fijado la fecha de la audiencia preliminar.
"No hemos tenido acceso al expediente lo que dificulta preparar la defensa. Se interpuso un amparo constitucional por violación al debido proceso. Además no se le permite al general Lozada hablar a solas detalles técnicos fundamentales para su defensa", contó Villalobos. Denunció que las condiciones de reclusión del oficial no cumplen con las reglas mínimas establecidas por la ONU, reglas Nelson Mandela.
En noviembre de 2013, la familia del general Lozada Saavedra denunció su secuestro luego de que su camioneta fuese abandonada con las llaves adentro en El Paraíso. En diciembre del mismo año, el oficial se comunicó con sus familiares para avisar que había sido liberado en Apure, pero sin documentos.
Rowan Lozada Aguilera, hijo del general Lozada Saavedra, dijo que "siendo un hombre de más de 60 años, y luego de 50 días de reclusión sin ventilación, ni luz natural, posibilidad de ejercitación física, acceso a alimentos saludables o a instalaciones sanitarias durante enfermedad; la salud de mi padre se ha venido deteriorando aceleradamente. Ha perdido 10 kilogramos".
ACADÉMICO PRESO
El profesor Santiago Guevara, investigador jubilado de la Universidad de Carabobo, recibió una citación, antes de carnaval, para acudir a la DGCM, en Carabobo, y allí fue privado de libertad. Desde las acusaciones en su contra se hicieron públicas, el sector universitario del país ha denunciado la persecución al libre pensamiento.
"La información que tenemos en base a la lectura del expediente es que el profesor Guevara participó, o fue consultado por una serie de venezolanos, por unos militares, básicamente en teoría encabezados por el General Baduel, quienes le hacen una consulta en términos de él como profesional, supuestamente en una reunión clandestina en una panadería en Maracay. Guevara es consultor estratégico, tiene un doctorado en París, ese doctorado es de Prospectiva. Su trabajo es visualizar el futuro a través de métodos científicos. El profesor Guevara tiene trabajos hechos, escritos, donde visualiza un gobierno de oposición, un gobierno oficialista", indicó el virrector administrativo de la UC, José Ángel Ferreira.
Ferreira calificó como insólita la detención de su colega, a quien dice conocer bien porque han trabajado juntos durante años. Añadió que Guevara iba a ser el tutor de investigación de Raúl Emilio Baduel, hijo del general Baduel y quien cumple condena de 8 años por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir e intimidación pública. Pero agregó que el profesor detenido también ha sido asesor de varios organismos públicos y hasta de un alcalde del PSUV en Puerto Cabello.
El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez consideró irregular que al académico sea procesado por un tribunal castrense. "El artículo 261 de la Constitución es claro: la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Estos delitos se materializan con hechos que son constitutivos de infracciones de los deberes militares".
La semana pasada, las presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios, Cecilia García Arocha, y las autoridades de la UC solicitaron a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, investigar la situación jurídica y de salud de Guevara, quien tiene tendencia a que sus articulaciones se endurezcan ante el estrés, además padece de hipertensión y de colon irritable.
PROCESO EN LIBERTAD
La medida cautelar sustitutiva de libertad del teniente coronel Carlos Enrique Viana Sosa, otorgada por el Tribunal Militar Primero de Control, incluye la presentación ante el tribunal cada 8 días y la prohibición expresa de salida de país.
El defensor público militar del oficial argumentó, según consta en el documento publicado en las decisiones de la Corte Marcial, que no existía claridad en los hechos narrados durante la acusación, por cuanto Viana Sosa se encontraba en San Cristóbal durante las fechas cuando se habrían celebrado las supuestas reuniones conspirativas. El teniente coronel ocupó el número 26 de la promoción Cne. "Vicente Campo Elías" que egresó de la Academia Militar en 1998.
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