Nadie dijo que iba a ser fácil, que el régimen aceptaría su derrota parlamentaria y dejaría que la mayoría ejerciera su facultad contralora sobre el gobierno y toda la administración pública, como si fueran demócratas. Maduro y su combo saben que las investigaciones que hará la nueva Asamblea Nacional dará con los responsables de la debacle injustificable que sumió a Venezuela en la miseria, que se destaparán las ollas de todas las corruptelas, las relaciones con grupos terroristas y, por supuesto, las implicaciones directas con el narcotráfico de funcionarios civiles y militares o de forma indirecta, a través de familiares y terceros.
El Poder Legislativo tiene la atribución de declarar la responsabilidad política de los funcionarios y solicitar al Poder Ciudadano –Art. 222 de la Constitución– que intente las acciones para hacer efectivas las responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar, por eso Maduro y Cabello se muestran como pranes arrinconados capaces de cualquier cosa.
El régimen está desesperado porque dentro de seis meses se podrá activar un referéndum revocatorio o cualquiera de las salidas constitucionales para cambiar al gobierno inepto y corrupto de Nicolás Maduro. Están provocando una crisis institucional, asestan un golpe a la Asamblea Nacional al desconocer su autonomía y declararla en desacato a través de un cuestionable Tribunal Supremo de Justicia que, en vez de magistrados tiene a malandros dictando sentencias para que los pranes puedan salvar el pellejo.
Ningún tribunal, incluido el TSJ, tiene facultades para desconocer la autonomía del Parlamento y la voluntad popular. El TSJ es un poder designado, no electo, que desacata la voluntad del soberano y usurpa potestades del CNE, que acreditó y proclamó a los cuatro diputados del estado Amazonas, que ahora desconocen para que la oposición pierda la mayoría calificada.
El gobierno juega al caos, a la ingobernabilidad, no se da cuenta de que ya no le mete miedo a nadie; que mientras empapela el país con retratos del difunto presidente y del Libertador chimbo, los ciudadanos esperan que resuelva la descomunal crisis económica que atraviesa el país. La gente de a pie ya no come cuentos, especialmente los que resuenan desde el más allá: “No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución”, pues a la gente sí le importa tener qué comer; aquí la única revolución posible es el imperativo de cambio que avanzainexorable, sin ideología comunista, con el eco mortecino de un “comandante eterno”, reiterado hasta la saciedad, estampado en muros, franelas y pendones propios de un parque temático que ha perdido su atracción.
El gobierno no contempló los daños colaterales para el imaginario colectivo al dejar en un ministro de la Defensa, para nada confiable, el desagravio a las imágenes desalojadas del Capitolio.
“Honor militar”
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pasó de tener una postura institucional el 6-D a una política partidista, repudiada por la mayoría de los venezolanos y expresamente prohibida por la Constitución que juró cumplir.
Al general se le pasó la mano en su empeño de reivindicarse ante Nicolás Maduro y le está pagando con creces el favor de haberlo dejado en su gabinete.
Padrino López se presta a la farsa del desagravio por unos cuadros que sacaron de la Asamblea, y escupe para arriba cuando denuncia ultraje al “honor militar”, cuando no hay mayor deshonor que arrodillarse ante un tirano como Fidel Castro, permitir la entrega del país y recibir instrucciones de los cubanos, además de tener a hombres vinculados con el narcotráfico entre la cúpula de la Fuerza Armada.
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